El 50/50: un paso adelante que debe ir acompañado de autonomía real

Lo que atraviesa hoy el debate autonómico en Bolivia no es un problema técnico ni una simple discusión sobre porcentajes de coparticipación. El verdadero conflicto es que no existe una autonomía real, porque la autonomía —según el artículo 272 de la Constitución— exige la administración propia de los recursos. Pero en la práctica, lo que impera es un centralismo estructural disfrazado de discurso autonómico.

Tal como desarrollé en mi artículo académico “Las autonomías sucumbieron ante el centralismo”, publicado en la revista Tribuna Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autonoma Juan Misael Saracho, el diseño normativo y financiero del Estado Plurinacional consolidó un modelo donde la autonomía quedó reducida a un rótulo sin contenido efectivo.

Allí demuestro que la Ley Marco de Autonomías, las directrices presupuestarias y las prácticas de control financiero han configurado un centralismo legalizado, incompatible con el mandato constitucional de que, la autonomía implica la administración propia de los recursos, pero que en el acuerdo realizado en el Congreso ( entre el MAS y PODEMOS) en vez de consolidar la verdadera autonomía la disfrazaron en el artículo 272 de la Constitución Política del Estado pero los artículos referidos a la forma como se debe aprobar los presupuestos y otros mantuvieron el centralismo asfixiante de años, porque no hay ningún movimiento económico que no venga autorizado por el Ministerio de Economía en la gobernaciones en las alcaldías, todos los meses hay que depender de los desembolsos que realiza el nivel central. Esperando las sorpresas de los débitos automáticos el rato menos pensado o competencias del nivel central que obligan a pagar con los recursos económicos de las entidades territoriales autónomas.

La falta de autonomía real se manifiesta en hechos concretos:

Los débitos automáticos funcionan como mecanismo de confiscación indirecta, debilitando el control financiero departamental.

Competencias exclusivas y concurrentes del nivel central terminan siendo pagadas con recursos departamentales, ejemplo pago millonario a ENDE, siendo una competencia a nivel central.

Proyectos nacionales se financian con fondos departamentales, pero se inauguran como obras del nivel central.

El Plan Operativo Anual y el presupuesto departamental quedan condicionados por el Ministerio de Economía, incluso después de su aprobación por el órgano legislativo local.

Esto no responde a una coyuntura política, sino a una estructura jurídica que sujeta a las entidades territoriales a una dependencia financiera permanente.

De ahí que, la promesa electoral del Presidente Rodrigo Paz respecto a una redistribución 50/50 constituye un avance y merece ser reconocido, si bien es  un gesto político y técnico importante, que responde a una demanda histórica de autonomía plena.

No obstante, ese esfuerzo debe estar acompañado de lo fundamental: la redistribución solo tendrá impacto real si va de la mano de autonomía efectiva, no solo nominal.

Porque de poco sirve aumentar porcentajes si los recursos continúan sujetos a:débitos automáticos,condicionamiento del POA por el Ministerio de Economía autorizaciones centrales para la ejecución, y transferencias de competencias sin financiamiento garantizado (contraviniendo el artículo 305 de la Constitución).

El país necesita un pacto fiscal con dos pilares inseparables:

1. Redistribución justa —como el 50/50 anunciado—.

2. Autonomía plena en la administración, ejecución y destino de los recursos.

Solo así podremos hablar de un verdadero modelo autonómico

Autonomía real: el único camino para un Estado auténticamente descentralizado

Bolivia debe recuperar el espíritu autonómico que la Constitución consagra que la autonomía implica la administración propia de sus recursos, para ejecutar competencias, para evitar que la centralización fiscal vacíe de contenido el modelo autonómico.

Mientras existan mecanismos como los débitos automáticos, la aprobación centralista del POA o la asignación de competencias sin financiamiento garantizado, el país seguirá atrapado en lo que he llamado:“Autonomías de nombre y centralismo de hecho”.

Esa es la raíz del problema. Y solo resolviéndola, la redistribución —incluido el 50/50— podrá transformar verdaderamente la historia autonómica del país.

por: Magda Lidia Calvimontes Calvimontes 

Artículo académico de referencia: “Autonomías de nombre y centralismo de hecho”.

Disponible en: https://dicyt.uajms.edu.bo/revistas/index.php/tribuna-juridica/article/view/642/642

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