

El Indert detectó un esquema fraudulento mediante el cual, una inmobiliaria estaba a punto de quedarse con 200.000 hectáreas de la región Occidental, a través de un acuerdo firmado en la administración anterior. Un funcionario sanlorenzano está detrás del esquema.
En la administración de Mario Abdo Benítez se firmó un acuerdo entre el Indert y Héctor Urbano Parodi, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, quien decía tener un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry y ofreció al Indert entregar el título. La institución respondió que no tenía cómo pagar, por lo que Parodi propuso un acuerdo de permuta por el cual el Indert asumió una deuda de USD 16 millones que Parodi podía cobrarla a través de tierras en la zona de influencia de la Bioceánica, según explicó el actual titular del Inder, Francisco Ruiz Díaz.
“Si yo tomo esos 16 millones y los divido en valores promedio, voy a encontrar que tengo que entregar 200.000 hectáreas del Chaco. Con ese acuerdo se formó una inmobiliaria, con esa inmobiliaria se iba a entregar 200.000 hectáreas principalmente en la zona de influencia en la Bioceánica”,comentó Ruiz Díaz.
Con el acuerdo, la inmobiliaria tenía un crédito de 16 millones de dólares para vender toda la zona de la Bioceánica.
Todos los expedientes hoy cuestionados se abrieron en el 2018, o al menos, la gran mayoría. Lo que el Indert asegura haber hecho es restituir el derecho a las personas estafadas.
Ruiz Díaz se enteró de esto en diciembre del 2023, razón por la cual, el 17 de enero del 2024 sacó una resolución por la cual cancela todo tipo de permuta.”Tranqué todo tipo de permuta y ahí la inmobiliaria se quedó sin esas 200.000 hectáreas porque no le he permitido permutar tierra, quieren volver a abrir la canilla que cerré”, advirtió.
Aquel documento señalaba en el punto cuatro, que la vía de la compensación (permuta) en dación de pagos que se pretende imponer a la institución no es una figura establecida en la Ley y compromete de forma peligrosa los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma agraria.
La reforma agraria se tiene que ejecutar en un 95 % en la región Oriental, y solamente un 5 % en el Chaco.
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