La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes (18) el texto-base del Proyecto de Ley Antifacción, en una votación que significó una derrota política para el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto, originalmente enviado por el Ejecutivo el 31 de octubre, sufrió modificaciones sustanciales a través de seis versiones elaboradas por el relator Guilherme Derrite (PP-SP).
La propuesta obtuvo 370 votos a favor, 110 en contra y 3 abstenciones. Ahora, el texto será enviado al Senado, donde será analizado por el senador Alessandro Vieira (MDB-SE). En caso de que los senadores introduzcan cambios, el proyecto volverá a la Cámara para una nueva evaluación.
El PL Antifacción fue concebido por el gobierno de Lula como una medida para modernizar y fortalecer el marco jurídico brasileño frente al crimen organizado, con un enfoque particular en las facciones criminales. Sin embargo, durante su tramitación, Derrite optó por transformar la propuesta inicial en una ley autónoma destinada a combatir organizaciones criminales ultraviolentas, lo que marcó un alejamiento del objetivo original de actualizar la legislación vigente.
A pesar de las diferencias entre las versiones del proyecto, el objetivo general sigue siendo el mismo: crear mecanismos más eficaces para enfrentar la crisis de seguridad pública generada por las facciones criminales. Según Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente de la Cámara, la aprobación del texto representa una respuesta contundente contra los grupos criminales que afectan la vida cotidiana de millones de brasileños.
El texto aprobado introduce nuevos tipos penales, como el crimen de «Dominio Social Estructurado», que prevé penas de 20 a 40 años para miembros de organizaciones criminales ultraviolentas, milicias o grupos paramilitares. Este tipo penal incluye acciones como utilizar violencia o amenazas graves para imponer control territorial o social, intimidar poblaciones o autoridades, y atacar servicios e infraestructuras esenciales.
Además, las penas pueden ser aumentadas entre la mitad y dos tercios en casos que involucren liderazgo dentro de la organización, uso de tecnologías avanzadas como drones o criptografía, o el reclutamiento de menores. En estos casos, la condena podría llegar hasta los 66 años para líderes de dichas organizaciones.
El proyecto también crea el delito de «Favorecimiento al Dominio Social Estructurado», con penas que oscilan entre 12 y 20 años. Este tipo penal abarca actos como proporcionar refugio, armas o información a los grupos criminales. Tanto el «Dominio Social Estructurado» como su favorecimiento son clasificados como crímenes hediondos.
La sesión en la Cámara estuvo marcada por intensos debates entre parlamentarios oficialistas y opositores. Lindbergh Farias (PT-RJ), líder del Partido de los Trabajadores, criticó duramente la versión aprobada, argumentando que favorece indirectamente a las organizaciones criminales. «Es vergonzoso. Lucharemos para modificar este texto en el Senado y recuperar el propósito original del gobierno en el combate a las facciones criminales», afirmó.
Por otro lado, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder del Partido Liberal, celebró la aprobación del texto como un paso importante para abordar los problemas de seguridad pública en Brasil. «Hoy la Cámara responde al clamor de la sociedad por una legislación más rígida contra el crimen organizado», dijo.
Los diputados aliados al gobierno intentaron postergar la votación en varias ocasiones, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Inicialmente, el proyecto estaba previsto para ser votado la semana anterior, pero las divergencias entre oficialismo y oposición retrasaron el proceso.
Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado se relaciona con la distribución de los recursos provenientes de bienes confiscados al crimen organizado. El proyecto establece que estos fondos se dividirán entre los fondos estatales de seguridad pública y la Policía Federal (PF), lo que ha generado críticas desde el gobierno por reducir las fuentes de financiamiento de la PF.
Además, el texto original presentado por Derrite incluía disposiciones que limitaban la actuación de la Policía Federal en los estados sin autorización expresa de los gobernadores. Este punto fue ampliamente criticado por sectores de izquierda y por el propio gobierno, que lo consideraron una politización de las funciones técnicas de la PF.
Tras recibir presiones tanto del gobierno como de otros sectores parlamentarios, Derrite retrocedió en varias medidas polémicas. Entre ellas, abandonó la propuesta inicial de equiparar las facciones criminales con grupos terroristas, una iniciativa que había sido promovida por sectores más alineados con la derecha bolsonarista.
La elección de Guilherme Derrite como relator del proyecto generó críticas desde el Palacio del Planalto, que interpretó su designación como un intento de politizar el tema con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Derrite es actualmente secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos), quien podría ser uno de los principales adversarios políticos de Lula en los próximos comicios.
Hugo Motta defendió la elección del relator y argumentó que las modificaciones realizadas al texto son parte natural del proceso legislativo. Sin embargo, diversos analistas políticos consideran que los errores en la tramitación del proyecto han afectado negativamente tanto a Motta como a Derrite.
A pesar de las críticas, aliados del presidente de la Cámara y del relator ven la aprobación del proyecto como un saldo político positivo. Según ellos, la entrega de esta legislación será incorporada al legado político tanto de Motta como de Derrite.
Con la aprobación en la Cámara, el PL Antifacción ahora será debatido en el Senado. Integrantes del gobierno confían en que los senadores puedan revertir algunos puntos considerados problemáticos y recuperar aspectos fundamentales del texto original enviado por el Ejecutivo.
La discusión sobre seguridad pública y combate al crimen organizado sigue siendo uno de los temas más sensibles y prioritarios en Brasil. La evolución del proyecto en el Senado será clave para determinar si las modificaciones realizadas hasta ahora logran cumplir con los objetivos propuestos por el gobierno o si prevalecerán las versiones impulsadas por sectores opositores.
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