El gobernador ha librado en el Magdalena una férrea lucha contra partidos y clanes tradicionales de la costa y contra el grupo político más poderoso del país
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El gobernador ha librado en el Magdalena una férrea lucha contra partidos y clanes tradicionales de la costa y contra el grupo político más poderoso del país, como lo es el uribismo. Constantemente se le ve al gobernador involucrado en procesos ante órganos judiciales y de control que a la larga terminan resolviendo a favor de Caicedo y declarando su inocencia.
Lo anterior es un ciclo de ataques y montajes que se vienen repitiendo desde que Caicedo era rector de la Universidad del Magdalena y que se intensifican cada vez que él inicia un nuevo capítulo político, como sucedió cuando fue alcalde, cuando fue candidato a la presidencia y hoy que es gobernador del Magdalena. Lo que lo ha mantenido en una constante pelea por la defensa de su nombre y de su proyecto.
En todos ha salido librado y ha demostrado siempre que se tratan de montajes o ataques políticos, como sucedió con la intervención del Hospital central del Magdalena, Julio Méndez Barreneche o todo el bloqueo sistemático a su gestión en el que concurren asambleístas, congresistas y hasta ministros, toda una treta para impedir que como gobernador ejecute sus programas y proyectos.
Pero si bien la justicia termina siempre dándole la razón a Caicedo y evidenciando los montajes, ¿quién responde entonces? Estamos hablando de que cuando se saca a un mandatario de su cargo o se sabotea su gestión, la institucionalidad se ve gravemente afectada, porque logran concentrar al funcionario en defenderse mientras los proyectos de su gobierno se detienen o se aplazan.
En dicha providencia judicial se determinó que no existió ningún detrimento patrimonial en los convenios que, en su día, fueron firmados con la corporación La Perla y Tú También, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta.
«Por lo anterior, forzoso es concluir, que de las irregularidades que se pregonan en la ejecución de los convenidos Nos. 004 y 005 de 2014, no existe daño al patrimonio con ocasión de los hechos investigados en ese proceso; en consecuencia se procederá a dar aplicabilidad al artículo 47 de la Ley 610 de 2000», se detalla en la providencia.
La decisión fue firmada por Luis Alfonso Romero como contralor provincial ponente e Iveth Castaño como gerente departamental colegada.
Cabe resaltar que esta decisión, que de una vez por todas despeja dudas sobre supuestos malos manejos de dineros en esta contratación -cuestión que ha quedado desvirtuada por la Contraloría-, se suma a las proferidas por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación y que, en su momento, fueron promovidas por los clanes tradicionales del departamento con el objetivo de socavar a Caicedo.- La Libertad.
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