
Hace 40 años, precisamente el 13 de noviembre de 1985, se produjo, en el país del realismo mágico, la “crónica de la muerte anunciada” de toda una ciudad, la muy blanca, populosa y rica ciudad de Armero en el Departamento del Tolima, tórrido corazón de este país: Entre 23 mil y 29 mil fallecidos, más de 250 mil damnificados, pérdidas por más de 7 mil millones de dólares, el 25% del PIB de Colombia para ese año. En este artículo recordamos ese triste hecho en homenaje a las víctimas.
No había pasado una semana luego de la cruenta retoma del palacio de Justicia, hecho nefasto del cual los colombianos todavía esperamos muchas explicaciones y del que se señala como uno de los responsables al presidente de la época, el conservador BELISARIO BETANCUR CUARTAS. La responsabilidad del citado mandatario también se discute lo referente a la falta de respuesta y previsión de esta otra tragedia. Los colombianos, hoy por hoy, no sabemos qué pudo ser más deletéreo, si la osadía del grupo M19, la violencia de la respuesta del ejército, en el caso de la retoma del palacio de Justicia, la implacable naturaleza de estas tierras o la negligencia e ineptitud de un gobernante como BELISARIO BETANCUR.
Armero fue erigido como municipio por la Asamblea Constituyente del Estado de Cundinamarca, con el nombre inicial de Guayabal, mediante Ley del 14 de noviembre de 1857, mantuvo ese nombre hasta 1908, cuando fue renombrado San Lorenzo y en 1930 recibió, en honor al prócer mariquiteño JOSE LEON ARMERO, el nombre que tenía cuando la noche del 13 de noviembre de 1985 fue anegado y casi borrado de la faz de la tierra por el lahar generado por el deshielo del casquete glaciar del Volcán Nevado del Ruiz.
Localizado sobre la falda oriental de la Cordillera Central de Colombia, Armero disfrutaba de una posición geográfica privilegiada con magníficas y ricas fuentes de agua: los ríos Lagunilla, Sabandija, Cuamo, Viejo y Magdalena, en una zona húmeda y cálida, con temperatura promedio 27°, con terrenos muy fértiles, el municipio, eje de un emporio agrícola y ganadero, contaba para Noviembre de 1985 con una población de aproximadamente 29000 habitantes, amén de que por ser un punto de paso entre Ibagué y Bogotá albergaba a diario una importante población flotante.
Desde el año anterior a la tragedia se empezó a notar el incremento de la actividad sísmica en la región, aparecieron fumarolas, aumentó la deposición de azufre en los alrededores de la cima del volcán nevado, se presentaron también algunas erupciones freáticas que llamaron la atención de los geólogos que monitoreaban la actividad del volcán. En marzo de 1985 una misión de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de desastre en conjunto con la Defensa civil y el INGEOMINAS (Instituto Colombiano de Geología y Minería) hoy Servicio Geológico Colombiano, establecieron que, en definitiva, la actividad del volcán era por completo anormal y ominosa ya que presagiaba una erupción. Desde entonces y, con base en los peritazgos, se instó al gobierno a tomar medidas de monitoreo continuo y mitigación del riesgo. Hasta septiembre de 1985 se hizo evidente que las erupciones de vapor a altísimas temperaturas se hacían cada vez más frecuentes e intensas, en octubre ese tipo de actividad amainó.
Una misión vulcanológica italiana estableció el 20 de octubre que había indicios de liberación de magma en la superficie en proximidad al cráter Arenas y el 22 de ese mismo mes advirtieron acerca del alto riesgo de deshielo y lahares en el caso muy probable de que se presentara una erupción. Esas señales amenazantes se incrementaron a comienzos de noviembre de 1985 prueba de la actividad interna del volcán que produciría posteriormente la erupción repentina y explosiva que ocasionó el 13 de ese mes la tragedia.
Conforme a las advertencias de los científicos y expertos, desde septiembre de 1985 se empezaron a fraguar planes de evacuación. A comienzos de octubre se había elaborado un mapa de riesgo que, entre otras cosas, ponía en evidencia el peligro de lahares que podrían afectar las ciudades de Mariquita, Chinchiná, Guayabal y Armero,mas de poco sirvió tal esfuerzo, toda vez que el mapa no tuvo la distribución amplia y oportuna que se requería en parte por la oposición y escepticismo de sectores económicos que veían afectados sus intereses
El mapa, sin embargo, fue reproducido por los grandes diarios del país, en algunos de ellos con flagrantes errores e imprecisiones que dificultaban su interpretación por los pobladores y las autoridades.
El escenario para la catástrofe estaba servido: El escepticismo codicioso de los empresarios, la negligencia e ineptitud de las autoridades, las imprecisiones de la prensa, unidas a la resistencia misma de la población a abandonar su terruño, sus tierras y sus animales, se unieron en una combinación letal que garantizó la inermidad de la población frente al terrible riesgo que se concretaba en la cima del volcán.
A las 15 horas del 13 de noviembre el volcán expidió gruesas columnas de cenizas. De nada sirvió el aviso oportuno al INGEOMINAS por parte del director de la Defensa Civil y la decisión de evacuación que promulgó este instituto, nadie parecía entender la urgencia. Luego, a raíz del cese de la emisión de cenizas entre las 17 y 19 horas de ese día, la alerta se relajó y la orden de evacuación se pospuso. En las oficinas de la defensa Civil del Tolima y Bogotá, La Cruz roja regional y las autoridades municipales se desarrolló una febril e inane actividad, todo el mundo le pasaba la pelota al otro y nadie tomaba la decisión salvadora de evacuar. Para colmo de males se desató una tormenta apocalíptica que acabó por relajar a las autoridades y a la población, probablemente oculto también el rugido del volcán, las comunicaciones fallaron, quedaron para la historia algunas conversaciones de autoridades de la ciudad anunciando la avenida mortal.
Eran las 21:09 del día 13 Noviembre de 1985 cuando el volcán hizo erupción, contradiciendo los mensajes “tranquilizadores” del entonces ministro de Minas IVAN DUQUE ESCOBAR, quien había minimizado la importancia de las emisiones de cenizas y todos los signos ominosos que el volcán había manifestado y en clara contradicción con los expertos y científicos que habían, ellos sí, subido a las proximidad de la cima del volcán y constatado la presencia de indicios claros de la gravedad de los procesos que se llevaban a cabo en el seno de la gran montaña. Fue, debido a la gran cantidad de material sulfuroso emitido (cerca de 700 mil toneladas), una erupción atípica, justamente por esa característica.
Como consecuencia de los flujos piroclásticos se generaron, debido al derretimiento de la nieva del casquete, cuatro lahares que llenaron los cauces de los ríos que surgían del glaciar y descendieron hacia los valles a una velocidad promedio de 60 km por hora, llegando a alcanzar alturas de hasta 50 metros. Horas antes el propio ministro de Minas había difundido un mensaje según el cual no había que hacer caso de las emisiones de cenizas y la gente debía permanecer en sus casas, como en efecto trágicamente muchos los hicieron- y a eso de las 22:30 la luz se fue debido a la destrucción de la subestación, una riada poderosa ingresó a Armero arrastrando las primeras víctimas y volcando vehículos, después de ella llegó el lahar y todo fue caos y muerte y después el silencio apenas roto por los llamados de auxilio de los pocos sobrevivientes, los pocos que sobrevivieron a las tres brutales oleadas del fenómeno.
En total la naturaleza y la negligencia de las autoridades departamentales y nacionales cobraron entre 23000 y 29000 fallecidos, 230000 damnificados, cerca de 20 mil casas destruidas al igual que más de 100 km2 de sembradíos, cifras que sólo fueron superadas por la terrible erupción del monte Pelée, 83 años antes en la isla de Martinica.
No resulta difícil de discriminar cuál de los dos fenómenos fue más letal, si la furia de la naturaleza o la negligencia e ineptitud de las autoridades. A los muertos producidos por el lahar se sumaron aquéllos que fallecieron a consecuencia de la inexistencia de medidas que permitieran su rescate oportuno y el manejo de sus lesiones. El “León Durmiente” había rugido y cobrado lo suyo, la politiquería y la falta de humanidad e idoneidad de los dirigentes y burócratas había pasado una cuenta mucho más extensa.
El ministerio de Minas y el mismo Congreso de la República habían desdeñado las advertencias y se habían ido lanza en ristre contra los organismos humanitarios acusándolos de alarmistas: No sólo fue el terrible costo en vidas, el daño producido alcanzó una cuarta parte del PIB, para entonces cerca de 7 mil millones de dólares.
Ya después del ojo afuera aparecieron los reclamos y los reproches, entre ellos los de los científicos quienes luego de revisar los registros de los sismógrafos denunciaron, como lo hizo el vulcanólogo francés Bernard Chouet, que el volcán había manifestado de manera más que elocuente que iba a explotar, pero sus gritos nada pudieron ante los oídos sordos de las autoridades.
La ayuda internacional se canalizó a través de una entidad que se llamó RESURGIR, al mando del reconocido constructor PEDRO GOMEZ BARRERO. Los heridos fueron remitidos a hospitales en zonas circundantes de Lérida, Guayabal y Mariquita, al igual que Honda e Ibagué, se levantaron clínicas improvisadas en seis localidades cercanas al área de catástrofe. Muchas víctimas murieron in situ por las dificultades inherentes a su rescate y traslado, muchos (Un poco más del 10% de los rescatados) murieron después debido a la gravedad de sus lesiones y a las infecciones, aparte de las mutilaciones y discapacidades resultantes, uno de los aspectos de mayor relevancia fue la intensidad y cantidad de personas con afectaciones de orden mental, depresión y ansiedad, y la insuficiencia de sus manejos.
El volcán asesinó a muchos, pero, en definitiva, más que el volcán, se cuentan por miles las víctimas de la falta de preparación, de la ya mentada ineptitud de las autoridades para leer con oportunidad las señales que el volcán arrojaba, las malas indicaciones, la minimización del riesgo. En el mundo, aparte de las dantescas imágenes de la tragedia, se hizo viral el drama de una pequeña niña, Omayra Sánchez, su terrible agonía y la impotencia de los rescatistas para salvarla. Omayra ejemplificó tristemente las consecuencias de las malas decisiones de los gobernantes de entonces, la falta de previsión, así como, posteriormente, el derrotero de la entidad creada para el manejo de las ayudas, RESURGIR, habría de mostrar las consecuencias de la falta de ética e inmoralidad administrativa.
El territorio que ocupaba la llamada ciudad blanca fue declarado camposanto un año después por el papa JUAN PABLO II.
Colombia es una nación que se encuentra intrincada en el famoso círculo de fuego del Pacífico, es un país volcánico, naturaleza que fue claramente desconocida por el gobierno de la época. El riesgo vital persiste, la mayoría de los volcanes en nuestro suelo se encuentran activos, muchos de ellos son de naturaleza explosiva y poseen casquetes glaciares que harían de una erupción un apocalipsis de barro similar al que acabó con Armero. Como en muchas partes del mundo las zonas aledañas a los volcanes, debido a su enorme fertilidad son altamente pobladas y extraordinariamente importantes desde el punto de vista agrícola y ganadero. La lección de Armero no puede ser desaprovechada, se lo debemos a las víctimas, su sacrificio no puede ser en vano.
Justamente como consecuencia de este terrible hecho el gobierno colombiano creo Dirección de Prevención y atención de Desastres, entidad que, fiel a la costumbre, no se ha visto libre de los embates de la corrupción, aún en el gobierno del cambio. El Estado colombiano tiene una gran deuda con la población de la región, deuda que no puede ser saldada con simplemente declaraciones solemnes y solicitudes de perdón, hay que prever, planear y financiar las acciones oportunas para en lo sucesivo evitar tragedias similares.
POR CARLOS FAJARDO
PARA PRENSA MERCOSUR
