Carlos Caicedo, precandidato a la presidencia de Colombia y Jefe del partido Fuerza Ciudadana
La contienda por la Gobernación del Magdalena entró en una fase crítica tras la advertencia pública emitida por el precandidato presidencial Carlos Caicedo, quien elevó al presidente Gustavo Petro un llamado urgente ante lo que describió como una operación orquestada para distorsionar la voluntad popular. Según Caicedo, una coalición que involucra estructuras armadas ilegales, sectores políticos tradicionales, autoridades locales y funcionarios electorales estaría actuando coordinadamente para impedir el triunfo de Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana y líder en las encuestas.
En su mensaje, Caicedo afirmó que en el departamento avanza un plan sistemático para arrebatar por la fuerza lo que no se ha podido derrotar en las urnas. Señaló directamente al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, a quien responsabilizó del retroceso institucional en la ciudad, y lo vinculó con influyentes familias terratenientes y con el candidato Rafael Noya, avalado por Cambio Radical y respaldado por el Centro Democrático- como parte de una estrategia que, según múltiples denuncias ciudadanas, estaría apoyándose en grupos paramilitares para presionar e intimidar a la población.
El precandidato advirtió que en la zona ribereña el Clan del Golfo estaría obligando a votar por el candidato de estas alianzas, mientras que en la Troncal del Caribe los Pachenca estarían comprando votos y coaccionando a líderes comunitarios. A ello sumó un señalamiento directo contra el registrador Ricardo Montoya, a quien definió como cercano al candidato de estas estructuras y pieza clave en un supuesto intento de fraude electoral.
Caicedo denunció que, en paralelo, se estaría impulsando desde sectores políticos un proceso para revocar la inscripción de la candidata Margarita Guerra ante el CNE, presuntamente sin respetar el debido proceso y sin resolver las solicitudes de su defensa. Recordó al presidente Petro que Fuerza Ciudadana lo ha respaldado en múltiples coyunturas nacionales y que, en contraste, la organización ha sido objeto en los últimos dos años de decisiones adversas que han minado su representación política: desde la pérdida del umbral legislativo en 2022 hasta la destitución de la Gobernación del Magdalena y el arrebato de la Alcaldía de Santa Marta en 2023, sumado a la revocatoria de su personería jurídica. En ese contexto, Caicedo señaló que lo ocurrido con estas elecciones sería la continuación de un patrón preocupante que amenaza la estabilidad democrática en el departamento.
El dirigente exigió al Gobierno la instalación inmediata de un Consejo Nacional de Seguimiento Electoral con presencia de todos los partidos, autoridades y observadores internacionales, argumentando que existe un precedente claro del riesgo: la alerta temprana que Fuerza Ciudadana emitió antes del proceso que, según su versión, derivó en el robo de la Alcaldía de Santa Marta. Criticó el silencio del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y cuestionó a figuras políticas que, según dijo, tienen cercanía con los responsables de estas maniobras y han optado por no pronunciarse.
Caicedo planteó también la necesidad de activar un Puesto de Mando Unificado Electoral a nivel nacional y departamental con foco exclusivo en el Magdalena, equipado para operar de forma permanente, con capacidad para monitorear en tiempo real cualquier intento de interferencia armada, reforzar el pie de fuerza en los municipios más vulnerables y ordenar el cambio inmediato de registradores municipales y distritales que puedan comprometer la imparcialidad del proceso.
En su comunicado, insistió en que el Magdalena vive un momento determinante: la ciudadanía, según encuestas, ampliamente inclinada hacia Margarita Guerra- espera ejercer su voto sin presiones ni distorsiones. Por ello, pidió al presidente Petro actuar con contundencia para preservar la integridad de la jornada del 23 de noviembre, que definirá no solo la gobernabilidad del departamento, sino la credibilidad del sistema democrático en una región históricamente golpeada por la violencia política y las redes de poder ilegal.
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