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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó este miércoles 12 de noviembre una inspección en las instalaciones del Consejo de Estado, en el marco de una investigación preliminar que involucra a cuatro magistrados de la Sección Quinta de esa alta corporación, señalados de presuntas irregularidades en el manejo de varios procesos judiciales. La diligencia fue programada para las cuatro de la tarde y busca recopilar información clave sobre las actuaciones cuestionadas.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la medida responde a quejas presentadas por presuntas decisiones adoptadas sin la debida justificación jurídica, así como por eventuales inconsistencias en la tramitación de algunos expedientes. Los magistrados bajo investigación son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, quienes deberán responder ante la Comisión por los señalamientos en su contra.
En la orden emitida por la Comisión se dejó constancia de que los funcionarios no designaron abogados particulares para su defensa dentro del proceso, por lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo que asigne un representante legal que los asista durante las diligencias.
La investigación se originó a partir de varias denuncias que cuestionan decisiones adoptadas por la Sección Quinta, entre ellas la relacionada con el caso del gobernador del archipiélago de San Andrés, Nicolás Gallardo, cuya elección fue anulada por doble militancia política. Este y otros expedientes serán revisados en detalle para determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley o si las decisiones se ajustaron a los procedimientos judiciales establecidos.
La diligencia marca un nuevo episodio en la relación entre los órganos de control y las altas cortes, en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas del poder judicial vuelven a ocupar un lugar central en la agenda institucional del país.
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