El Gobierno Nacional afirma que es necesario contar con una nueva Carta Magna para superar los problemas del país, pero desde otros sectores hay críticas
Falta una semana para la consulta popular y referéndum 2025 y uno de los temas que ha generado mayor debate, en la opinión pública, es la instalación de una Asamblea Constituyente. El presidente Daniel Noboa Azín y su equipo de trabajo han enfatizado que es necesaria una nueva Carta Magna para solucionar los graves problemas de inseguridad por los que atraviesa el país.
Además, el Primer Mandatario ha afirmado que es urgente acudir al poder constituyente para refundar al Ecuador. En una de las últimas entrevistas que dio a la prensa, manifestó que será una «Constitución sencilla de entender e interpretar, pero eficiente, con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza pero, sobre todo, para poner primero al ciudadano que hace las cosas bien».
En ese contexto, la cuarta pregunta propone instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Sin embargo, este planteamiento ha generado una serie de puntos de vista a favor y en contra. Por ejemplo, el exasambleísta Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática (ID), señala que en el país no hay una Carta Magna acorde a la realidad del país.
«Tenemos una pseudo constitución, según conceptos de Roberto Viciano, que fue asesor de la última constituyente», escribió en su cuenta de X. Considera que debe tener una elaboración democrática. «La del 2008 tiene textos no debatidos».
El consultor político Ronald Antón señala que, en la actualidad, en Ecuador no existe un orden desde lo institucional por las diversas crisis que atraviesa. Esto va desde la inseguridad, la salud, educación y hasta en la economía. Por eso, es complicado decir que la Constituyente sea una solución.
Los problemas parten desde la administración pública. Es decir, esto ya dependerá quien maneje el timonel de la administración del país.
La Constituyente lo único que hace cambiar es la figura de las leyes, pero no es solución, principalmente en temas muy sensibles como la seguridad. A su juicio, el Ejecutivo solo ha dado a entender que con una nueva Constitución se podría arreglar los problemas del país, pero solo es una excusa. “No admiten que los errores han sido justamente de forma, de cómo ellos han venido aplicándolo”.
El consultor político Gustavo Gaitán afirma que para construir una Constitución se requiere un pacto social y así se establcen las reglas de funcionamiento de la nación. No se trata de una serie de articulados para corregir los problemas estructurales y de institucionalidad. “Eso lo tiene que hacer el Gobierno, no la máxima norma de un Estado”.
Se trata de la regla máxima y lo que guía al país. En ese sentido no se ve qué tipo de constitución busca el Ejecutivo, “pero se puede inferir por las declaraciones del presidente y del ministro del Interior, John Reimberg, y algunas personas parece ser que están queriendo liderar el proceso, que se quiere hacer una constitución neoliberal”.
Los cambios constitucionales a lo largo de la historia
En el siguiente cuadro, las ciudades y fechas en que se desarrollaron las 20 constituciones del país, desde 1830 hasta 2008.
El abogado constitucionalista Jorge Sosa opina que con una Asamblea Constituyente no se solucionarán, de fondo, los problemas estructurales. Afirma que, en la historia del país, se han implementado 20 constituciones y en cada una hubo una Asamblea Constituyente. Al final, ninguna funcionó como se esperaba.
Recuerda que en la última triada constitucional (1979, 1998 y 2008), tras el retorno a la democracia, ya se reconocieron derechos fundamentales de pactos y tratados internacionales que son muy significativos. Desde el 79 ya se cuenta con una Carta Magna adaptada a la modernidad y eso no necesariamente ha garantizado de que Ecuador haya elevado los niveles de desarrollo.
Además, con el paso de las décadas se ha desgastado la institucionalidad. De hecho, hay un menor contrapeso de los poderes con respecto al Ejecutivo y eso ha incidido, obviamente, en que muchas de las instituciones eventualmente tengan algún tipo de injerencia dentro del resto de funciones.
A su juicio, es pura retórica que con una nueva Carta Magna se garantice la seguridad. Además, en la de 1979 ya se planteó el tema de la caducidad de la prisión preventiva y la finalidad del sistema de rehabilitación, que es reinsertar a las personas privadas de la libertad en la sociedad. También poner límites al poder al poder estatal y la presunción de inocencia.
Luego, la de 1998 solo lo ratificó. En la del 2008, esos postulados fueron ampliados. «Dogmática o académicamente se encontraban desde 1979». Sosa opina que se siembran narrativas para decir que con la última Constitución se protege a los delincuentes, pero todo ya estaba establecido desde el retorno a la democracia.
Lo mismo pasa con la figura de Habeas Corpus que está vigente desde 1945. «(El Gobierno) va a tener un problema grave que son los pactos y tratados internacionales que son una camisa de fuerza al momento justamente de abordar la redacción de una nueva Constitución».
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