Con la reciente ratificación por parte del Congreso brasileño, el Acuerdo Marco del Mercosur sobre la disposición de bienes confiscados marca un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado. Este tratado establece normas para repartir los bienes incautados entre los países que participan en operaciones conjuntas, consolidando el papel de Brasil en la recuperación de activos ilícitos.
Importancia del Confisco de Bienes en la Lucha contra el Crimen Organizado
El decomiso de bienes se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar al crimen organizado. Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, 2011), solo una pequeña fracción de los recursos ilícitos es recuperada por los Estados. Como señala Garland (2001), la política criminal moderna enfatiza la gestión de riesgos y el debilitamiento económico de las organizaciones criminales.
Boaventura de Sousa Santos (2006) sugiere que la justicia penal debe combinar castigo con reparación social, devolviendo a la sociedad los bienes desviados. Este enfoque fue reforzado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida, 2003), que exige que los bienes confiscados sean devueltos al Estado afectado o a sus legítimos propietarios, priorizando la restitución a las víctimas.
Contexto del Mercosur: De la Cooperación Policial a la Distribución de Activos
Aunque el Mercosur tiene experiencia en cooperación en seguridad, hasta 2018 no existía un instrumento específico para regular la distribución de bienes incautados en operaciones conjuntas. En ausencia de reglas claras, el país que realizaba la incautación solía quedarse con todo el patrimonio confiscado, lo que desincentivaba la colaboración entre Estados.
Para llenar esta laguna, se creó el Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Aprehendidos del Crimen Organizado Transnacional. Aprobado por el Consejo del Mercado Común en 2018, su implementación dependía de la ratificación por parte de los Estados miembros, proceso que culminó en 2025. Este acuerdo establece que cuando dos o más países participen en una operación conjunta, deberán negociar cómo se distribuirán los bienes confiscados, evitando apropiaciones unilaterales.
Cada Estado Parte debe designar autoridades responsables para negociar y gestionar la distribución de los bienes. Estas unidades especializadas, como los departamentos de recuperación de activos, deben contar con capacidad técnica para manejar procesos complejos.
Retos y Perspectivas para la Implementación
A pesar de su carácter innovador, el acuerdo enfrenta desafíos prácticos y jurídicos. Uno de los principales obstáculos es la diversidad legal entre los países del Mercosur. Por ejemplo, en Brasil, el confisco definitivo generalmente ocurre tras una condena penal. Sin embargo, otros países del bloque permiten el decomiso civil sin necesidad de condena. Estas diferencias pueden complicar o retrasar las negociaciones.
Además, no todos los Estados cuentan con estructuras adecuadas para gestionar activos confiscados. La creación de las Autoridades de Negociación y Partición requerirá inversiones significativos en capacitación y coordinación administrativa.
El caso Petrobras–Suiza (2017) sirve como precedente relevante. En esa ocasión, parte de los fondos bloqueados en el extranjero fueron repatriados a Brasil mediante un acuerdo bilateral. Este ejemplo demuestra cómo mecanismos institucionalizados pueden facilitar la recuperación de activos y evitar soluciones ad hoc.
Otro desafío es la ausencia de criterios predefinidos para determinar cómo se repartirán los bienes. En operaciones complejas que involucren a varios países, cada uno podría sobreestimar su contribución. Para evitar disputas, sería útil desarrollar protocolos complementarios que establezcan porcentajes orientativos basados en el tipo de cooperación prestada, como inteligencia o ejecución operativa.
Garantías Procesales y Derechos de Terceros
El acuerdo permite la venta anticipada y el uso provisional de los bienes confiscados para evitar su depreciación. No obstante, es fundamental garantizar que, en caso de absolución o si se comprueba que el bien pertenece a un tercero de buena fe, el valor sea restituido. En Brasil, la Ley nº 13.964/2019 ya prevé que los recursos obtenidos por ventas anticipadas sean depositados en cuentas judiciales hasta que se resuelva su destino final. Es necesario que normas similares existan en otros países del bloque.
Integración Regional y Proyección Internacional
El acuerdo se limita a relaciones intrabloque, pero muchos crímenes transnacionales en América del Sur involucran redes que operan también en Europa, África y Asia. Para abordar estos casos, será necesario recurrir a convenios internacionales como las Convenciones de Palermo y Mérida o celebrar acuerdos bilaterales específicos. A largo plazo, sería deseable ampliar el alcance territorial del acuerdo permitiendo la adhesión de Estados asociados o futuros miembros.
La transparencia en la gestión y distribución de los bienes confiscados debe ser una prioridad. La publicación periódica de informes sobre los valores recuperados y su destino —como compensaciones a víctimas o financiamiento para políticas públicas— fortalecería la legitimidad del sistema y demostraría a la sociedad que estos recursos son utilizados con fines públicos.
Comparación Internacional e Impacto Esperado
El modelo negociado del Mercosur contrasta con el enfoque rígido 50/50 de la Unión Europea y se asemeja al sistema flexible bilateral de Estados Unidos. Este último permite que los porcentajes sean discutidos caso por caso, lo que ha incentivado la cooperación internacional. Según datos del Departamento de Justicia estadounidense (2016), más de 250 millones de dólares fueron distribuidos a 48 países bajo este esquema.
Para garantizar el éxito del acuerdo del Mercosur, será crucial armonizar legislaciones nacionales y profundizar la integración jurídica regional. Además, sería beneficioso crear un comité técnico encargado de monitorear su implementación y elaborar guías prácticas sobre criterios porcentuales.
El Acuerdo Marco del Mercosur representa un avance significativo hacia una cooperación más efectiva en la lucha contra el crimen organizado. Si se implementa con transparencia y buena fe, no solo fortalecerá las instituciones democráticas del bloque, sino que también contribuirá a transformar los recursos ilícitos recuperados en beneficios concretos para la sociedad. Este tratado no es solo un instrumento técnico; es una prueba de madurez institucional para el Mercosur en su compromiso con la justicia penal y la seguridad regional.
