Imagen GEETY – El alto comisionado de la ONU ha pedido a EE.UU. detener sus ataques en el Caribe, por considerarlos contrarios a la ley internacional.
Estados Unidos volvió a desafiar las advertencias internacionales al destruir con un misil una presunta narcolancha en aguas del Caribe, causando la muerte de sus tres ocupantes. La acción, confirmada por el Departamento de Defensa, ocurrió apenas un día después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instara a Washington a detener este tipo de operaciones por considerarlas contrarias al derecho internacional.
El nuevo ataque se inscribe en la campaña antinarcóticos que el Pentágono mantiene activa desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental. Pese a las críticas de organismos multilaterales y defensores de derechos humanos, la ofensiva parece intensificarse, con un creciente número de embarcaciones destruidas y un saldo de víctimas que ya supera las sesenta personas.
En un mensaje difundido en la red social X, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la acción y aseguró que su país “continuará rastreando, localizando, cazando y eliminando” a quienes calificó de “narcoterroristas”. El mensaje, acompañado de un breve video aéreo en el que se observa una explosión en alta mar, evitó ofrecer detalles sobre la identidad de las víctimas o sobre la cantidad de droga incautada. Hegseth se limitó a señalar que la lancha “era conocida por su participación en el contrabando de estupefacientes” y que los tres ocupantes “murieron durante el ataque en aguas internacionales”.
Este episodio se suma a una serie de operaciones similares —dieciséis desde el 2 de septiembre— que han dejado una estela de muertes y críticas internacionales. Hasta el momento, solo tres personas habrían sobrevivido a los bombardeos. Expertos en derecho internacional han calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, argumento que fue respaldado por el propio alto comisionado de la ONU. Türk advirtió que “el uso intencionado de la fuerza letal solo es admisible como último recurso ante una amenaza inminente para la vida” y subrayó que la información pública sobre estos ataques “no sugiere la existencia de tal amenaza”.
El funcionario insistió en la necesidad de realizar investigaciones “rápidas, independientes y transparentes”, recordando que la cooperación internacional es el único camino legítimo para combatir el narcotráfico. Sin embargo, las señales provenientes de Washington apuntan en sentido contrario. En los últimos días, el Pentágono ha reforzado su presencia militar en la región, enviando al Caribe el crucero lanzamisiles USS Gettysburg, que se suma al USS Lake Erie, y preparando la inminente llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la flota estadounidense, acompañado de tres destructores.
Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la acumulación de material bélico en la zona permitiría incluso ejecutar “ataques inmediatos dentro de Venezuela” si el presidente Donald Trump lo ordenara. El instituto estima que los buques desplegados transportan más de un centenar de misiles Tomahawk, cantidad comparable a la utilizada por Washington en campañas militares limitadas en Irán o Yemen.
La posibilidad de una incursión en territorio venezolano ha alimentado rumores y tensiones diplomáticas. Aunque Trump negó el viernes que existan planes de ataque contra Venezuela, su gobierno continúa acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares. Washington mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Desde Caracas, las autoridades venezolanas rechazan esas acusaciones y las atribuyen a intereses políticos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó la existencia del Cartel de los Soles como “un invento de Estados Unidos” y acusó a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para desestabilizar al país. “Cada vez que alguien les resulta incómodo, lo nombran jefe del cartel”, ironizó Cabello, antes de señalar que “el mayor cartel del mundo opera en Estados Unidos”, en alusión a la DEA.
Mientras tanto, la tensión crece en el Caribe. La expansión del dispositivo militar estadounidense y la falta de transparencia en las operaciones despiertan preocupación entre diplomáticos, juristas y gobiernos regionales. El debate ya no gira únicamente en torno al narcotráfico, sino al riesgo de una escalada que podría poner a prueba los límites del derecho internacional y el equilibrio de poder en el hemisferio occidental.
