

En la madrugada del miércoles, una escena desgarradora conmocionó a los residentes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Más de 50 cadáveres fueron trasladados a la plaza São Lucas por habitantes de la comunidad, tras ser hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha. Este lugar fue escenario de la operación policial más mortífera en la historia del estado.
Según cifras oficiales, la intervención dejó un saldo de al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro policías. Sin embargo, activistas locales aseguran que los cuerpos recuperados en la madrugada no han sido contabilizados en el balance oficial.
La abogada Flávia Fróes, presente durante la remoción de los cuerpos, denunció que muchos cadáveres presentaban signos evidentes de violencia extrema, como disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas. Ante esta situación, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío de interventores y peritos internacionales para investigar lo sucedido.
Fróes calificó la operación como «la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro». La crudeza de las imágenes no dejó indiferente a nadie: uno de los cuerpos no tenía cabeza, la cual fue transportada en una bolsa. En medio del dolor, los familiares intentaban identificar a sus seres queridos. Una madre desesperada gritaba: «Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?», mientras otra encontró el cuerpo de su hijo con las muñecas atadas en el bosque.
El activista Raull Santiago explicó que los familiares solicitaron exponer públicamente los cuerpos para mostrar las condiciones en que fueron encontrados. “Es una escena que quedará grabada en la historia de terror de Brasil”, afirmó. La indignación y el miedo se apoderaron de los habitantes, quienes denunciaron excesos y abusos por parte de las fuerzas policiales.
**Una ciudad paralizada por el miedo**
La operación no solo dejó un rastro de muerte y desolación en el Complexo da Penha; también sumió a Río de Janeiro en un estado de tensión y parálisis. Durante la noche, las calles habitualmente vibrantes de la ciudad permanecieron desiertas. Bares y restaurantes cerraron sus puertas, y zonas icónicas como el Boulevard 28 de Setembro, conocido por su animada vida nocturna, se mostraron irreconocibles.
En Tijuca, una mujer que paseaba con su perro describió el ambiente como «extraño, como si fuera el inicio de la pandemia». La Praça Varnhagen, apodada «Buxixo» por su habitual efervescencia nocturna, estaba vacía. Incluso establecimientos abiertos las 24 horas, como farmacias y cerrajerías, cesaron actividades.
En otros puntos de la ciudad, como Vila Isabel y el Largo do Machado, predominó un clima similar. Comerciantes reportaron una drástica disminución en el flujo de clientes. Luis Felipe, camarero de un restaurante local, comentó: “Hoy está muy difícil. Las calles están desiertas y los pocos clientes que llegan se van rápidamente”.
La autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, una vía clave que conecta la Zona Norte con la Sudoeste y atraviesa territorios controlados por el Comando Vermelho, permaneció cerrada durante horas. Finalmente, hacia las 3:30 a.m., el Centro de Operações e Resiliência do Rio (Cor-Rio) anunció que todas las vías habían sido liberadas.
**El llamado a una investigación internacional**
La magnitud de esta tragedia ha generado un llamado urgente a la comunidad internacional para investigar lo sucedido. Los testimonios de violencia extrema y las denuncias de abusos han encendido alarmas sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.
Mientras tanto, Río sigue sumido en un ambiente de miedo e incertidumbre. Los habitantes intentan retomar sus rutinas en medio del dolor y las preguntas sin respuesta. La operación policial ha dejado cicatrices profundas en una ciudad ya marcada por la violencia y la desigualdad.
Esta masacre no solo representa un episodio trágico en la historia reciente de Río de Janeiro, sino también un recordatorio de los desafíos pendientes para garantizar justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos en Brasil.
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