Mediante una carta le hizo algunas recomendaciones al Gobierno y pidió que este tema sea tratado de forma conjunta con la cartera que ella lidera.
Los Contratos por Prestación de Servicios con el Estado han creado una discusión grande alrededor de los derechos laborales en Colombia, ya que según estudios, al menos un millón de personas en el país se encuentran trabajando bajo esta modalidad. Incluso, el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró en el 2022 que, una de las prioridades sería la eliminación de esta figura en los primeros meses de año 2023, es decir en abril próximo.
Sin embargo, la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aclaró mediante una carta que le envió a Secretaría Jurídica de Presidencia que esto no se podría ejecutar en el tiempo que estipuló inicialmente la Presidencia de la República, incluso, aseguró que no existe viabilidad presupuestal para hacer esas contrataciones a las personas con todas las prestaciones laborales requeridas.
La polémica surgió por una directriz presidencial y circular (Circular Conjunta 100-005-2022 Función Pública sobre «Lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público de Equidad-Vigencia 2023») emitida el pasado 29 de diciembre de 2022 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), donde se recomienda a las entidades estatales para este año 2023 en el caso de llegar a suscribir Contratos por Prestación de Servicios, hacer lo máximo dentro de los cuatro primeros meses ( o sea, hasta abril próximo).
Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, remite a la Presidencia , a través de una carta en la que sostiene que en solo cuatro meses no pueden desaparecer todos los contratos de prestación de servicios que hay en el sector público y que el Departamento de Función Pública no tuvo en cuenta las recomendaciones del Ministerio. Esto sabiendo que la propuesta establece que para abril del 2023, las entidades públicas nacionales y regionales deben determinar el presupuesto que requerirían para contratar de planta a sus contratistas.
Dice la ministra en su misiva “La expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas anteriormente citadas imponen, y por lo mismo, da por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral pueden ser realizados en cuatro meses y sin las aprobaciones presupuestales correspondientes”.
El Ministerio recomienda a Presidencia, seguir firmando contratos de prestación de servicios durante 2023 y empezar la formalización con los auxiliares y técnicos. “Celebrar durante la vigencia 2023 contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre”.
A raíz de esto, en la misiva enviada por la jefe de la cartera de Trabajo, donde se hacen varias recomendaciones, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año 2023, las metas puestas por el Gobierno Nacional referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.
En la misiva de MinTrabajo se señalan 6 puntos que consideran se deben poner en práctica para cumplir el propósito de la administración de Petro:
1. Realizar los estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de personal en la planta administrativa de las instituciones.
2. Adelantar las gestiones correspondes a fin de garantizar las apropiaciones presupuestales para adelantar los estudios técnicos requeridos.
3. Celebrar durante la vigencia 2023, contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de dicha vigencia.
4. Realizar la provisión de los cargos vacantes en cada una de las entidades
5. Con el acompañamiento del DAFP adelantar procesos de ampliación de las plantas de personal.
6. Contemplar otras modalidades como las plantas temporales creadas con la ley 909 de 2004.
La misiva va más allá, pues deja en evidencia que las afirmaciones hechas hace algunos días que prometían que la eliminación de este tipo de contratos se llevará a cabo en abril de este año, no tuvieron en cuenta las recomendaciones que se les hacía hecho desde la cartera de Trabajo.
“Desde esta Cartera Ministerial observamos con extrañeza que el DAFP haya emitido la “Circular Conjunta No 100-005-2022 -LINEAMIENTOS DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DE EQUIDAD- VIGENCIA 2023″, no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino también permitiendo algunas de sus funciones generales”, finaliza el documento de la Ministra Ramírez.
Así las cosas, es muy probable que se siga contratando en el Estado con la modalidad de prestación de servicios hasta el próximo mes de diciembre de 2023.
Con información de infobae.com, alertatolima.com y del DAFP.
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