En Ecuador, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad preocupante que afecta a miles de niñas y adolescentes, especialmente en comunidades vulnerables. A pesar de los avances legales que prohíben el matrimonio entre menores de edad desde 2015, esta práctica persiste bajo formas informales que reproducen patrones de desigualdad, violencia y control. Un reciente informe elaborado por Plan International, titulado *El Estado Mundial de las Niñas 2025: Déjame ser una niña, no una esposa*, arroja luz sobre la alarmante situación y las complejas dinámicas detrás de estas uniones tempranas.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), una de cada cinco mujeres ecuatorianas entre los 20 y 24 años estuvo casada o en unión antes de cumplir los 18 años, y el 4% lo hizo antes de los 15. Estas cifras reflejan una realidad que trasciende las leyes y evidencia cómo las normas culturales perpetúan esta forma de violencia estructural basada en género. En provincias como Manabí, la situación es aún más crítica: casi el 36,7% de las madres menores de 18 años viven en uniones tempranas o están casadas.
La correlación entre pobreza y matrimonio infantil es directa. Familias en situación de vulnerabilidad ven en estas uniones una forma de asegurar el futuro económico de sus hijas o aliviar la carga que representa criarlas. Salomé Parreño, asesora nacional de género de Plan International Ecuador, explica: “Todavía manejamos el imaginario de que una niña o adolescente que se une o se casa ya es una mujer. Pero en realidad no está lista para asumir esos roles ni elige estar en ellos. En muchos casos, el matrimonio o la unión es el único destino que les quedó a sus familias por razones económicas.”
Aunque el matrimonio infantil está prohibido legalmente en Ecuador, las uniones informales siguen siendo comunes y culturalmente aceptadas en muchas comunidades. Estas relaciones suelen involucrar niñas de apenas 14, 15 o 16 años con hombres significativamente mayores, lo que genera dinámicas de poder desiguales y ausencia de consentimiento real. Según Parreño, estas relaciones no solo vulneran los derechos de las niñas, sino que también perpetúan ciclos de violencia y dependencia económica.
El informe global de Plan International destaca que este fenómeno no es exclusivo de Ecuador. En los 15 países estudiados —incluidos Bangladesh, Mozambique, Nepal y República Dominicana—, las niñas entrevistadas coinciden en haber perdido autonomía, educación y libertad tras casarse o entrar en una unión temprana. Siete de cada diez están casadas o en unión; tres de cada cuatro son madres y más de un tercio abandonó la escuela después de casarse. Además, una de cada ocho mujeres jóvenes reconoció haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.
Las uniones tempranas están estrechamente vinculadas con los embarazos adolescentes, otro problema crítico en Ecuador. La falta de educación sexual integral y las relaciones desiguales contribuyen a esta situación. Parreño señala: “Cuando una niña de 15 años se relaciona con un hombre de 25, esa diferencia de edad ya implica una desigualdad de poder. Pero socialmente se sigue viendo como ‘una historia de amor’.”
En muchos casos, los embarazos no planificados llevan a las familias a aceptar estas uniones como una forma de preservar el honor o reparar la situación. Sin embargo, esta respuesta cultural solo agrava la vulnerabilidad de las niñas y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
A pesar de los avances normativos, como la prohibición del matrimonio infantil en Ecuador desde 2015, la legislación no ha logrado transformar las normas culturales que validan estas prácticas. En comunidades rurales e indígenas, líderes religiosos o locales continúan avalando ceremonias informales que no quedan registradas legalmente. Este subregistro invisibiliza el problema y dificulta su abordaje.
Según datos del censo ecuatoriano, alrededor de 6.000 niños y adolescentes se autoidentifican como casados, divorciados o viudos. Esta autoidentificación refleja hasta qué punto la sociedad sigue validando el rol conyugal para las niñas.
Ante esta problemática, Plan International impulsa en Ecuador la metodología Zona Libre de Embarazo Adolescente, un programa que entre 2014 y 2018 logró reducir en un 73% los embarazos en niñas menores de 15 años y en un 57% los embarazos adolescentes entre los 15 y 17 años. En comunidades indígenas, la reducción alcanzó el 50%.
El programa combina liderazgo juvenil, educación sexual integral, articulación con el sistema de salud y transformación de normas sociales discriminatorias. Parreño destaca: “Estamos capacitando a jóvenes para que sean agentes de cambio en sus comunidades, que repliquen lo aprendido con sus familias y vecinos. Todavía hay mucho desconocimiento: mucha gente no sabe que desde 2015 está prohibido el matrimonio infantil. Necesitamos sensibilizar porque esta práctica es una forma de violencia estructural basada en género.”
El informe global revela que cada año, 12 millones de niñas en el mundo son casadas antes de cumplir los 18 años; unas 480.000 tienen menos de 15. Aunque las tasas han disminuido del 22% al 19% en la última década, el progreso es desigual y frágil, especialmente en contextos marcados por crisis o pobreza extrema.
En Ecuador y otros países afectados por este fenómeno, el desafío radica en cerrar la brecha entre la norma legal y la práctica cultural. Es fundamental sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos y consecuencias del matrimonio infantil, así como garantizar que las niñas tengan acceso a educación, salud y oportunidades para construir su propio futuro.
El matrimonio infantil sigue siendo una forma alarmante de violencia estructural basada en género que priva a las niñas de sus derechos fundamentales. Aunque Ecuador ha avanzado en términos legales, es necesario transformar las normas culturales que perpetúan esta problemática. Iniciativas como Zona Libre de Embarazo Adolescente representan pasos importantes hacia el cambio, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las niñas puedan ser niñas y no esposas.
La lucha contra el matrimonio infantil requiere un esfuerzo conjunto entre gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales para construir un futuro donde las niñas puedan vivir libres de violencia y desigualdad. Solo entonces podrán desarrollarse plenamente y convertirse en agentes transformadores dentro de sus sociedades.
