El pasado 14 de octubre de 2025, se llevó a cabo una audiencia pública en la Municipalidad de Minga Guazú, organizada por la Junta Municipal junto con representantes de la Comunidad Mujer Paraguaya. Este evento reunió a más de 300 familias, incluyendo integrantes de las comunidades indígenas Mbya Guaraní y Avá Guaraní, quienes expusieron una serie de preocupantes denuncias relacionadas con actos de violencia, amenazas y violaciones a sus derechos fundamentales, particularmente en lo que respecta a la seguridad y la tenencia de la tierra.
Acusaciones de Violencia y Desplazamiento
De acuerdo con los testimonios presentados durante la audiencia, la comunidad ha sido objeto de constantes ataques por parte de un grupo de civiles armados que, de manera irregular, se han asentado en el territorio. Según los denunciantes, estas acciones tienen como objetivo amedrentar y desplazar a los habitantes legítimos del lugar. Entre los señalados como presuntos responsables de estos actos se encuentran Jaime Evaristo Ozuna González y Modesto Amarilla, este último actualmente detenido por su implicación en varios ataques violentos.
Los pobladores describieron cómo los agresores han instalado una caseta tipo policial desde la cual operan con total impunidad. Los actos denunciados incluyen amenazas, agresiones físicas, portación ilegal de armas, intentos de incendio de viviendas y violencia de género. Uno de los casos más alarmantes fue el ataque sufrido por Marilú Britos, quien resultó gravemente herida tras recibir un machetazo en la cabeza. Este hecho fue calificado como un caso de violencia contra la mujer y tentativa de homicidio.
Asimismo, se relató el brutal asesinato de Román Arnaldo Britez González, quien fue atacado con un arma blanca en el rostro, recibió un disparo en el abdomen y finalmente fue ultimado con golpes contundentes. En un intento por defender a su madre y a su tío, Hermes Antonio Britez González, hijo de Marilú Britos, también fue agredido violentamente por los civiles armados. Otros casos reportados incluyen agresiones físicas a Marcos Darío Troche, concubino de Marilú Britos, y a Liz Marlene Dávalos, quien fue golpeada y arrastrada por el cabello.
Amenazas a Líderes Comunitarios
La Sra. Francisca Gill, quien ofreció su vivienda como refugio para las víctimas, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del grupo armado. Estas acciones han generado un ambiente de constante temor e inseguridad dentro de la comunidad.
Presunto Interés Económico Detrás de los Ataques
Los denunciantes señalaron que detrás de estos actos violentos podría existir un interés económico relacionado con una supuesta inmobiliaria fantasma que busca apropiarse ilegalmente del terreno ocupado por la comunidad. Cabe destacar que esta ocupación es pública, pacífica y continua, y que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de expropiación ante el Senado para regularizar la tenencia de la tierra.
Inacción Policial y Reclamos Ciudadanos
Un aspecto especialmente preocupante señalado durante la audiencia es la inacción de la Comisaría N° 52 de Minga Guazú. Los pobladores afirmaron que, en repetidas ocasiones, al intentar denunciar los hechos, no solo no recibieron protección por parte de las autoridades policiales, sino que algunas víctimas incluso fueron detenidas arbitrariamente. Esta situación ha generado indignación entre los habitantes, quienes exigieron el traslado del comisario local, acusado de actuar con negligencia y autoritarismo.
Llamado Urgente a las Autoridades Nacionales
La audiencia concluyó con un llamado urgente a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en esta situación. Los representantes comunitarios solicitaron medidas concretas para garantizar la protección de los habitantes y el respeto a sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la tierra, a la seguridad y a una vida digna.
La situación en Minga Guazú pone en evidencia la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado para abordar las problemáticas estructurales que afectan a las comunidades vulnerables. Es imperativo que se tomen acciones decisivas para prevenir nuevos episodios de violencia y asegurar la justicia para las víctimas.
