Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez – Imagen Minjusticia
El Gobierno colombiano cerró filas este domingo en torno a una causa común: frenar la ola de violencia dirigida contra los funcionarios del sistema penitenciario. En una reunión de emergencia, los ministros de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, se sentaron junto al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán; el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Fernando Gutiérrez; y altos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos la fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, y el fiscal delegado para la Criminalidad Organizada, Juan Carlos Arias. El encuentro, celebrado en la tarde del domingo, tuvo como propósito evaluar con carácter urgente los recientes atentados contra integrantes del cuerpo de custodia del INPEC.
Durante la sesión, las autoridades acordaron la puesta en marcha de un plan institucional conjunto que permita identificar, perseguir y judicializar a los responsables de estos actos violentos. Se trata de una respuesta articulada del Estado frente a la creciente ofensiva de estructuras criminales que buscan desestabilizar el sistema penitenciario y amedrentar a quienes lo protegen. La coordinación interinstitucional fue descrita como una prioridad estratégica para garantizar la integridad del personal y restablecer el control frente a las amenazas que se extienden desde los centros carcelarios hacia el exterior.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional presentaron las hipótesis preliminares de investigación sobre los ataques ocurridos en los últimos días contra funcionarios del INPEC y miembros de la fuerza pública vinculados al sistema carcelario en distintas regiones del país. De acuerdo con los avances, los atentados responderían a la acción coordinada de organizaciones criminales que operan bajo una estructura común. No obstante, para proteger el curso de las investigaciones, los detalles específicos permanecerán bajo estricta reserva.
Como parte de las conclusiones, se estableció la creación de un grupo especial de investigación conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional, encargado de enfrentar de manera directa la criminalidad que atenta contra servidores públicos del sistema penitenciario. Asimismo, el Gobierno ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales o intelectuales de los ataques, garantizando la confidencialidad absoluta de quienes colaboren con las autoridades a través de la línea 157.
El plan incluye también una estrategia integral para reforzar la seguridad de los guardianes del INPEC, mediante esquemas de protección personal y un fortalecimiento del perímetro de vigilancia en los establecimientos carcelarios. Las organizaciones responsables de los atentados fueron declaradas objetivos de alto valor, lo que implica una persecución prioritaria y la asignación de recursos adicionales para las investigaciones. Desde el Ministerio de Justicia, además, se impulsarán acciones orientadas a evitar que decisiones judiciales discrecionales entorpezcan el avance de los procesos penales.
En paralelo, se anunció el diseño de una nueva política criminal centrada en la seguridad penitenciaria, sustentada en el uso de tecnologías de información y comunicación que permitan bloquear la comisión de delitos desde los centros de reclusión y proteger de manera efectiva la vida de los funcionarios. Esta política será la base de una transformación estructural del sistema penitenciario, orientada no solo a la contención de la violencia, sino también a la modernización de sus mecanismos de control y vigilancia.
Al cierre del encuentro, los ministros y los altos mandos reafirmaron el compromiso del Estado con la defensa de la vida, la justicia y el orden constitucional. “Ningún acto de violencia logrará doblegar la determinación del Gobierno ni detener las acciones institucionales encaminadas a garantizar la seguridad de quienes sirven al país”, coincidieron los participantes. Con esta declaración conjunta, el Estado colombiano envía un mensaje claro: frente al crimen organizado, la respuesta será unidad, firmeza y justicia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
