Desde la izquierda, el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, el embajador y Observador Permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansour, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
Tras intensas jornadas de deliberación en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, la reunión de emergencia del Grupo de La Haya concluyó con una declaración conjunta que marca un nuevo giro en la presión internacional sobre Israel. Treinta y dos países participaron en el encuentro y, aunque solo doce de ellos firmaron el documento final, el anuncio refleja una postura común: frenar lo que califican como “ocupación ilegal” en la Franja de Gaza mediante restricciones directas al suministro de recursos militares y al respaldo logístico.
El compromiso incluye impedir la transferencia de armas, municiones, combustible y equipos de uso militar o dual hacia Israel, además de bloquear el tránsito y atraque en sus puertos de embarcaciones con destino a ese país que transporten dichos insumos. Las medidas se plantean bajo el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dejando claro que no se trata de acciones aisladas, sino de disposiciones con sustento jurídico internacional. Asimismo, los gobiernos acordaron que ninguna nave que lleve su bandera podrá ser utilizada para transportar armamento o combustible con destino a las fuerzas israelíes.
La declaración también contempla una revisión exhaustiva de los contratos públicos en cada país firmante, con el fin de garantizar que ninguna transacción oficial, fondo estatal o recurso económico termine sosteniendo directa o indirectamente la ocupación en Gaza. En paralelo, los Estados reafirmaron su obligación de garantizar rendición de cuentas frente a delitos graves y crímenes internacionales, subrayando que las víctimas deben tener acceso a la justicia en el marco del derecho internacional humanitario.
El pronunciamiento fue leído por el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, quien detalló que doce países se adhirieron formalmente a la declaración: Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Iraq, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica. La decisión, aunque parcial dentro del bloque de treinta y dos naciones, refleja un esfuerzo de coordinación multilateral en un escenario donde el consenso internacional suele ser difícil de alcanzar.
En el marco de la reunión, el propio Jaramillo reconoció que, pese al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, estas operaciones continuaron mediante mecanismos legales. El funcionario aseguró que, tras el compromiso asumido en la declaración conjunta, el Gobierno colombiano procederá a revisar de inmediato los contratos vigentes, con el propósito de alinear la política interna a la decisión internacional firmada en Bogotá.
Entre los asistentes destacaron figuras diplomáticas y de derechos humanos como Zane Dangor, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica; Rosa Villavicencio, canciller encargada de Colombia; Riad Mansour, embajador y Observador Permanente de Palestina ante la ONU; y Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados. Su presencia no solo reforzó el peso simbólico de la reunión, sino que también proyectó un mensaje de respaldo político y jurídico a las medidas adoptadas.
Aunque el acuerdo fue suscrito únicamente por doce países, la reunión de Bogotá dejó abierta la puerta a que otras naciones se adhieran en las próximas semanas. Más allá del número de firmantes, el comunicado representa un esfuerzo por consolidar un bloque internacional dispuesto a ejercer presión diplomática y económica frente a la crisis en Gaza, con el mensaje de que la impunidad en conflictos armados no puede seguir siendo tolerada.
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