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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, levantó una tormenta política al acusar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, de abandonar la imparcialidad que exige su cargo para convertirse en un actor político disfrazado de magistrado. En un mensaje contundente, el alto funcionario cuestionó la legitimidad de un juez que, en lugar de defender la Constitución y a los sectores más desprotegidos del país, ha preferido alinearse con los intereses de las élites económicas y presentarse como una especie de jefe opositor al Gobierno.
Montealegre no dejó espacio para matices. Con voz de exmagistrado, señaló que la Corte, bajo la presidencia de Ibáñez, ha traicionado su misión histórica de proteger los derechos sociales para convertirse en un escenario complaciente con el poder del gran capital. A su juicio, esa transformación significa un desprecio abierto hacia los trabajadores y hacia los humildes, que quedan desamparados mientras el magistrado utiliza la toga como plataforma política.
El ministro fue claro: si Ibáñez quiere hacer política, debe renunciar. “Lo que resulta contrario a la ética pública —dijo— es que desde la presidencia de la Corte Constitucional se pretenda manipular la institución, convertirla en trinchera de oposición y alinear sus fallos con los intereses de quienes siempre han dominado este país”. En esa misma línea, lo acusó de conducir al tribunal hacia “el mayor retroceso institucional de su historia” y de arrastrar consigo la credibilidad de la justicia.
Montealegre lanzó además un llamado a los juristas para que no guarden silencio. Señaló que los supuestos defensores del liberalismo y de las libertades, que hoy callan frente al uso político de la Corte, son cómplices de un desvío que amenaza con sepultar décadas de avances constitucionales. Y advirtió que Ibáñez, con su “participación descarada en política”, está cavando un abismo institucional del que luego nadie podrá salir indemne.
El ministro remató su mensaje citando a Martin Niemöller: “Y cuando llegaron por mí, ya era demasiado tarde”. Con ello quiso dejar claro que lo que está en juego no es un simple debate jurídico, sino la propia supervivencia del Estado social de derecho, que se erosiona cuando un magistrado abandona la neutralidad para asumir el papel de opositor político bajo el escudo de la Corte.
Ibáñez, lejos de mostrarse como árbitro imparcial, ha multiplicado sus intervenciones públicas con un tono político cada vez más evidente. Sus discursos, como el que pronunció en el foro de Fenalco en Medellín, lo muestran más cercano a un dirigente opositor que a un juez constitucional. Allí advirtió sobre el supuesto riesgo de autócratas que capturan las instituciones, pero pasó por alto el hecho de que él mismo está convirtiendo a la Corte en un bastión ideológico, desgarrando la independencia que debería proteger.
En el choque de visiones, Montealegre ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: Jorge Enrique Ibáñez ha dejado de comportarse como magistrado para actuar como político. Y en esa transición, quienes terminan pagando el precio son los más humildes, que ven cómo la justicia que debería protegerlos se convierte en un escenario de maniobra partidista.
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