Ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino
La historia de la minera Drummond en Colombia está marcada por un oscuro legado que trasciende la explotación de carbón. Durante años, diversos testimonios y procesos judiciales han señalado a la compañía por haber financiado estructuras paramilitares que dejaron un rastro de violencia, desplazamiento y muerte en comunidades enteras. Hoy, lejos de asumir responsabilidades, la multinacional pretende erigirse por encima de la justicia colombiana, desafiando la soberanía de un país que busca cerrar las heridas del conflicto y construir una democracia más digna.
Los dólares de Drummond, teñidos por la sangre de miles de víctimas, no podrán borrar la verdad ni silenciar a quienes exigen justicia. Ese dinero no es símbolo de progreso, sino de un capitalismo salvaje que convierte la vida humana en un costo prescindible, que devora territorios como si fueran mercancía y que pretende someter a los trabajadores colombianos bajo la lógica del despojo y la explotación.
Lo que está en juego va más allá de un litigio entre una multinacional y un Estado. Se trata de un pulso histórico entre la dignidad de un pueblo y el poder de una empresa que ha querido actuar como dueña de destinos, territorios y memorias. Colombia ya no es el país en el que se podía comprar impunidad a cambio de silencio. Hoy existe un gobierno democrático de izquierda que expresa con claridad: la justicia no se negocia, la memoria no se borra y la soberanía no se vende.
Drummond podrá invertir millones en abogados y estrategias de presión internacional, pero lo que no podrá es reescribir la historia del paramilitarismo ni borrar la resistencia de quienes sobrevivieron a su maquinaria de muerte. La democracia colombiana se defiende frente a cualquier intento de manipulación, porque ninguna transnacional tiene el poder de suplantar la voluntad popular ni de convertir la justicia en un trámite a su medida. https://x.com/i/status/1972655098137641077
Este momento es una prueba para el país: demostrar que la verdad y la justicia prevalecen por encima de los intereses corporativos. Colombia ya decidió que no está dispuesta a ser un enclave de saqueo y violencia al servicio de los poderosos. Y Drummond, con toda su arrogancia empresarial, debe entender que aquí manda el pueblo, manda la justicia y manda la dignidad.
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