Concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy
El clamor de las comunidades campesinas de Sumapaz ha llegado a un punto crítico. Ante el abandono histórico del Estado y la falta de respuesta de la Administración Distrital, los habitantes de esta extensa localidad rural de Bogotá se han declarado en Asamblea Permanente, buscando con ello presionar soluciones inmediatas a una crisis que afecta derechos fundamentales y amenaza con profundizar la exclusión social y económica de toda la región.
En la vereda Santa Rosa, epicentro de la movilización, los campesinos han decidido ejercer su derecho constitucional a la protesta. Allí denuncian el deterioro de la infraestructura vial, la falta de acceso real y oportuno a servicios de salud y educación, los altos costos del impuesto predial y el avalúo catastral, así como las restricciones de uso del suelo que limitan la productividad agrícola. Todo ello conforma un panorama de precariedad que, según advierte el concejal étnico Óscar Bastidas Jacanamijoy, refleja el desconocimiento de la ciudad hacia las necesidades más básicas de su población rural.
Uno de los puntos más graves se centra en la Troncal Bolivariana, vía estratégica que atraviesa Sumapaz y que hoy se encuentra en avanzado deterioro por la ausencia de intervención del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El mantenimiento ha recaído en el Fondo de Desarrollo Local, entidad sin los equipos ni materiales necesarios para atender una calzada que conecta a los habitantes con la capital. A esta situación se suma la parálisis de los contratos de regalías para las vías terciarias, que apenas registran un 30% de ejecución, mientras se anuncian adiciones presupuestales que no se reflejan en mejoras tangibles, dejando a las comunidades incomunicadas y aisladas de los corredores principales.
La crisis vial se combina con graves deficiencias en salud. Las Unidades de Servicios de Nazareth y San Juan no cuentan con especialidades médicas ni con medicamentos esenciales, lo que obliga a la población a enfrentar largas y costosas travesías hacia Bogotá para recibir atención básica. En educación, la continuidad del programa PEAMA de la Universidad Nacional se encuentra en riesgo, poniendo en entredicho la posibilidad de que los jóvenes campesinos accedan a la educación superior. Mientras tanto, en las instituciones escolares, la falta de transporte para quienes deben trasladarse a las sedes principales limita la participación de las familias en los procesos formativos, generando brechas aún más profundas.
A todo ello se suma la carga tributaria impuesta por los altos avalúos catastrales y el impuesto predial, costos que resultan impagables para la mayoría de las familias campesinas. Estas medidas desconocen la realidad económica de la región y se convierten en un factor de expulsión silenciosa, al tiempo que las restricciones en el uso del suelo afectan directamente la producción agropecuaria y ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida campesina. Para las comunidades, se trata de una política que ignora su condición de sujetos de especial protección y de reparación colectiva, reconocida por la Nación, y que pasa por alto los planes de vida y manejo ambiental construidos de manera autónoma.
Frente a este panorama, los habitantes movilizados han elevado un pliego de peticiones concretas: declaratoria de emergencia vial en Sumapaz con intervención inmediata de la Troncal Bolivariana y de las vías terciarias; investigación y control sobre los contratos de malla vial financiados con regalías; fortalecimiento de la red de salud con medicamentos, ambulancias y enfoque territorial; garantía de continuidad del programa PEAMA como política pública estable; revisión técnica y justa del impuesto predial y el avalúo catastral; reconocimiento e incorporación de los planes de vida y manejo ambiental en las políticas públicas; y activación de centros de conectividad campesina junto con un fondo para prevención y atención de emergencias climáticas.
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy advierte que la protesta actual no surgió de la improvisación, sino de la falta de respuesta a oficios y derechos de petición radicados hace más de un mes. Por ello, insiste en la necesidad de una interlocución directa y urgente entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades competentes, con el fin de establecer soluciones inmediatas y estructurales que dignifiquen la vida campesina en Sumapaz.
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