La política pública deportiva contiene las líneas maestras para la confluencia entre el sector gubernamental y el no gubernamental, enmarcadas en el conjunto estructurado de uno o varios objetivos colectivos orientados a satisfacer las aspiraciones y necesidades ciudadanas relacionadas con el deporte, a fomentar y establecer una cultura deportiva. Con su expedición, el Estado busca además revertir sus desatenciones en el ámbito del deporte, atentatorias contra su condición de elemento de transformación social y bienestar ciudadano.
A través de sus múltiples expresiones, modalidades y disciplinas, y marco regulatorio, el deporte transita entre lo público y lo privado. La construcción de su política sectorial es, por tanto, un proceso complejo que debe considerar los antecedentes jurídicos, culturales, sociales, educacionales, organizacionales e institucionales propios de su realidad e importancia en cada país y en el mundo.
Ese proceso para alcanzar su legitimidad requiere la participación ciudadana en su diseño y construcción, pues ella constituye la principal fuente generadora del pensamiento y la acción política de toda sociedad. Sin esa participación convergente no sería posible asegurar la exitosa implementación de la política pública, ya que los ciudadanos solo se involucran en la ejecución de lo que ayudan a construir, de aquello que les es consultado.
Ciertamente, la política pública no es un fin, en sí mismo, sino expresión formal de la voluntad de los gobiernos para atender orgánicamente las demandas ciudadanas relacionadas con el deporte. Entre ellas debemos mencionar su masificación y funcionamiento estructurado, el financiamiento de sus organizaciones, su interrelación con la salud, la educación y la cultura, el ejercicio de la responsabilidad social y ambiental, y la búsqueda del desarrollo sostenible.
Debe ser vista, por tanto, como un instrumento para satisfacerlas a través de la acción unificada del Estado. En lo concerniente a su implementación es importante advertir que su éxito o eficacia no depende exclusivamente de la acción gubernamental sino de que ella esté intrínsecamente relacionada con un apropiado diseño y correcta interpretación de las aspiraciones y necesidades ciudadanas. Ello, a su vez, coadyuvará a suscitar una adecuada sinergia públicoprivada para el logro de los objetivos propuestos.
Debe considerar las experiencias y conocimientos en torno al deporte, así como su transversalidad y multidimensionalidad, a fin de poder generar una línea de base y ruta de objetivos realizables que impulsen al Estado a desarrollar acciones afirmativas en su beneficio. La política sectorial, por mandato constitucional, se expresa generalmente en los planes nacionales de desarrollo, cuya estructura, forma y alcance están regulados por las leyes de cada país.
La política sectorial debe privilegiar el respeto de los principios de equidad de género y alternabilidad democrática, y la protección del Juego Limpio, el libre y seguro acceso a los escenarios financiados por el Estado, así como el derecho de acceder a la práctica organizada del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Y, también, la integración funcional de los sistemas deportivos, el respeto de la autonomía y la aplicación de los principios de la buena gobernanza, la realización de procesos inclusivos, entre otros.
Debe crear condiciones especiales y contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la acción concertada de los actores públicos y privados. Todo ello requiere complementarse con la instauración de procesos de descentralización y desconcentración administrativa, que favorezcan una participación más ágil y cercana del Estado en la atención de los requerimientos ciudadanos y del deporte.
En el marco de sus obligaciones constitucionales y legales, y especialmente de su política sectorial, el Estado está llamado a priorizar la cohesión social y la existencia de una sociedad incluyente que, al igual que lo hace el deporte, condene toda forma de discriminación fundada en la condición social, de género, racial, política, religiosa y otras. Igualmente, debe propender a privilegiar el armónico relacionamiento e integración de todos los estamentos sociales, el acceso a la igualdad de oportunidades y la interacción entre ellos.
En consecuencia, uno de sus grandes objetivos debe ser optar, mediante el fomento de la práctica deportiva, por una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la equidad de género y del ambiente. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad deportiva, la masificación del deporte y la construcción de una sociedad fundada en la eticidad y en los principios y valores que lo inspiran. El deporte hace parte de la identidad y cultura de los pueblos.
A través de su política pública, el Estado debe comprometerse a poner al alcance de sus ciudadanos la infraestructura necesaria para la práctica deportiva, garantizándoles su libre y sostenido acceso. Ese es un tema complejo y gravoso para él, por la fuerte presión que tales necesidades ejercen sobre sus recursos. Para aliviar esa carga, le corresponde expedir estímulos que promuevan la participación del sector privado en su construcción y gestión, dado que la infraestructura es un factor clave para potenciar el desarrollo deportivo.
Garantizar el acceso a esa infraestructura mínima y a su debido financiamiento debe responder a las necesidades ciudadanas y requerimientos técnicos, y no a afanes demagógicos de los gobernantes de turno. Ningún país que lucha contra el sedentarismo y los flagelos sociales puede permitirse tener escenarios subutilizados y no invertir en el deporte. No obstante, debemos reconocer, que esa utilización estará siempre condicionada a su nivel de cultura deportiva y al éxito en la implementación de su política pública sectorial.
Todo Estado tiene la obligación de expedir políticas que promuevan el eficaz y armónico funcionamiento de su sistema deportivo nacional, que privilegien la eticidad deportiva y el fomento y respeto del Juego Limpio, así como la lucha contra el dopaje, la manipulación de resultados, la corrupción y la violencia. Igualmente, el apoyo al deporte de las personas con algún tipo de discapacidad y todas aquellas que favorezcan el surgimiento de organizaciones comprometidas con la aplicación de los principios de la buena gobernanza y la protección de los deportistas de toda forma de explotación o abuso.
Uno de los nudos críticos de la relación del Estado con el deporte ha sido y sigue siendo el respeto a la autonomía de sus organizaciones, tras los numerosos atentados promovidos en su contra. Por ende, resulta imperativo que la política sectorial coadyuve al fortalecimiento de la institucionalidad deportiva, al cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las organizaciones deportivas para con el deporte y la sociedad, en el marco del respeto a sus respectivas competencias y niveles de colaboración. Y, más aún, si esa autonomía está consagrada en la Constitución y leyes de un país, como en el caso de Ecuador.
La autonomía es demasiado importante para el deporte y sus organizaciones, pues constituye el basamento de su institucionalidad. Sin ella, las organizaciones no podrían gobernarse a sí mismas, ni cumplir sus obligaciones con el deporte. Por tanto, toda política pública debe promover que sus directivos adopten principios y patrones de comportamiento ético, alineados permanentemente con los principios de la buena gobernanza y transparencia. Sólo así existirán organizaciones deportivas fuertes y cumplidoras de sus obligaciones.
Si bien la eticidad es un tema de gran relevancia, lamentablemente ha caído en un peligroso relativismo e involución, por lo que le compete a cada Estado revertir esa situación y fortalecer la capacidad de gestión, planeación, financiación y promoción de las organizaciones deportivas. Y, adicionalmente, impulsar campañas educativas y de sensibilización para promover los principios y valores del deporte, que coadyuven al surgimiento de líderes comprometidos con la eticidad deportiva y la buena gobernanza. Un deporte sin ética no es deporte.
El talento humano es el activo más preciado que un país tiene para potenciar su desarrollo deportivo. En consecuencia, el Estado está constreñido a expedir una política sectorial que estimule y favorezca su detección, selección, profesionalización, protección y reconocimiento. Para alcanzar los objetivos deseados y su competencia, debe implementar sus acciones de manera técnica, a través de programas de acreditación, evaluación y mejoramiento continuo, basados en la meritocracia e igualdad de oportunidades.
Tales programas deberá orientarlos a beneficiar a los deportistas, dirigentes y entrenadores, a fin de que adquieran mayores habilidades y destrezas para asumir sus desafíos y crecimiento profesional, y puedan, después de ello, ser recompensados por sus logros y contribución al deporte. El futuro sólo les pertenece a quienes siguen aprendiendo, pues como aseveró Eric Roffer: “los que ya aprendieron se encuentran equipados para un mundo que ya no existe”.
El Alto Rendimiento es y debe ser una de las mayores prioridades de toda política deportiva, pues a través del compromiso que asume el Estado de fomentarlo y apoyarlo, se obliga a generar las condiciones necesarias y sostenibles para promover la competitividad, preparación y apoyo a los deportistas y la consecución de altos logros. El establecimiento e implementación de los criterios técnicos para el desarrollo de los diferentes programas y la participación de los grupos multidisciplinarios deben articularse con las organizaciones deportivas que conforman ese subsistema.
Así, también, el Estado debe obligarse a promover, preservar y reconocer las prácticas corporales lúdicas autóctonas y ancestrales como parte del desarrollo social e individual propio de las comunidades y pueblos que conforman un país. Para tal propósito requiere generar estrategias de práctica organizada y sostenible, concertadas con las comunidades y adaptadas a las realidades y especificidades de cada población a impactar.
La política deportiva debe coadyuvar a promover estilos y hábitos de vida saludables, a la formación integral de las personas. Esta y todas las demás prioridades sólo serán alcanzables si el Estado se obliga a subsidiar los respectivos programas y actividades. El gran arraigo social y transversalidad del deporte así lo justifican. Las organizaciones deportivas deben cooperar con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones con el deporte, lo cual requiere que éste les asigne los recursos necesarios para ello, y por cuyo buen manejo deberán responder y rendir cuentas.
El oportunismo político y los abusos gubernamentales distorsionan el objeto de ese encargo y subsidiariedad, al utilizarlos como mecanismo para someter a las organizaciones deportivas, para vulnerar su autonomía. La mejor forma de evitarlo es que las partes involucradas determinen previamente y con claridad la naturaleza y alcance de su relación colaborativa. Ello implica también, que las autoridades gubernamentales sepan y asuman que las organizaciones deportivas son agentes cooperantes del Estado, y no reductos de éste.
Otro aspecto que debe ser incluido en toda política sectorial, por su relevancia y contribución a mejorar las técnicas de entrenamiento y modernizar el deporte, es el fortalecimiento de la investigación científica, la innovación tecnológica y la aplicación de la Inteligencia Artificial en el deporte. Su aporte es indispensable para el surgimiento de talentos deportivos y la consecución de altos logros, así como para la protección de los deportistas.
El éxito en la expedición e implementación de la política pública sectorial estará siempre supeditado a la voluntad política del Estado. Ello le impone comprender la relevancia y utilidad del deporte, no sólo por su naturaleza agonal y lúdica, sino por su contribución a alcanzar otros objetivos de fundamental importancia como son la salud, la educación, la cohesión social y el bienestar ciudadano.
Lamentablemente, aún son muchos los países en que el deporte como política de Estado se quedó en lo declarativo. Pero, también, hay buenos ejemplos como el de Paraguay que, en el marco de su política sectorial, busca convertirse en una potencia emergente en el ecosistema deportivo regional y mundial, según lo declarara su presidente durante la inauguración de los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025. “Ya no somos el secreto mejor guardado del continente, sino un gigante que está resurgiendo”, afirmó en esa ocasión.
A los ciudadanos les corresponde, pues, como sociedad estructurada, exigir la expedición e implementación en su país de una política pública deportiva que responda a sus necesidades y aspiraciones.
Ese es su derecho, pero sobre todo la obligación del Estado.
César Pólit Ycaza ECU
Destacado especialista ecuatoriano en deporte, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, con una amplia trayectoria en gestión y política deportiva. Ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, secretario nacional del Deporte, directivo del Comité Olímpico Ecuatoriano y secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Fue director de la Comisión de Eventos de la Confederación Sudamericana de Voleibol y presidente del Panathlon Club Guayaquil. Es autor del libro Estado y Deporte. Amigos y enemigos íntimos y ha participado activamente en la elaboración de leyes deportivas, promoviendo la ética, la transparencia y el desarrollo institucional.
