El Gobierno de Argentina enfrenta un creciente descontento social tras la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, una medida que ha sido calificada por múltiples organizaciones como «racista, xenófoba e inconstitucional». En respuesta, diversos sectores sociales y políticos han convocado a una manifestación el próximo jueves 18 de septiembre en la Plaza Congreso, a las 15 horas, para exigir la anulación de esta normativa y defender los derechos de la población migrante.
El DNU 366/2025: un retroceso en derechos
El decreto en cuestión ha generado una ola de críticas debido a su enfoque restrictivo hacia la población migrante. Según los organizadores de la protesta, entre los que se encuentran sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas, el DNU refuerza estigmas al asociar a los migrantes con la delincuencia, además de imponer trabas administrativas que dificultan su regularización. Entre las medidas más controvertidas se encuentran la exigencia de demostrar ingresos económicos en sectores donde predominan empleos informales y la ruptura de vínculos familiares al desconocer relaciones consolidadas en el país.
«El concepto del decreto vulnera el derecho a la defensa y busca distraer a la población mientras se persigue y estigmatiza a las trabajadoras y trabajadores migrantes», señala la carta de convocatoria firmada por más de un centenar de organizaciones. Asimismo, se advierte que esta normativa recuerda a legislaciones regresivas como la Ley de Residencia de principios del siglo XX y las políticas antimigratorias implementadas durante la última dictadura cívico-militar.
La Constitución Nacional argentina, en su artículo 20, reconoce el derecho a la migración e iguala a las personas extranjeras con los ciudadanos nacionales en términos de derechos. Sin embargo, el DNU 366/2025 ha sido señalado como un ataque directo a este principio constitucional y a la Ley de Migraciones vigente, que desde 2004 se considera un modelo progresista en materia de derechos humanos.
Los convocantes del acto sostienen que el decreto no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también promueve un discurso discriminatorio que criminaliza a un sector minoritario de la población. Según datos oficiales, los migrantes representan apenas el 4,2% de la población total del país. «No colapsamos ni escuelas, ni hospitales, ni cárceles. Contribuimos significativamente al desarrollo económico del país», afirman los firmantes.
Lejos de ser una carga para el Estado, las comunidades migrantes han sido históricamente fundamentales en sectores clave como la construcción, el comercio, la industria textil, la producción frutihortícola y el trabajo doméstico. Estas actividades no solo generan empleo, sino que también contribuyen al crecimiento económico nacional.
«Somos migrantes residentes que cubrimos demandas laborales esenciales. Formamos parte del motor económico del país», subraya el documento. En este sentido, los manifestantes exigen un reconocimiento pleno de su aporte y rechazan cualquier intento de invisibilizar o deslegitimar su papel en la sociedad argentina.
La convocatoria al acto del 18 de septiembre ha sido respaldada por una amplia variedad de organizaciones sociales, sindicales y políticas. Entre ellas se encuentran la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita y el Partido Obrero, entre muchas otras.
Además, numerosas asociaciones civiles vinculadas a comunidades migrantes han sumado su apoyo al reclamo. Estas incluyen desde colectivos bolivianos y paraguayos hasta asociaciones venezolanas y dominicanas radicadas en distintas provincias del país. La diversidad de actores involucrados refleja el carácter plural e inclusivo de esta lucha.
El endurecimiento de las políticas migratorias no es un fenómeno aislado en Argentina. En los últimos años, diversas naciones han adoptado medidas restrictivas frente a los flujos migratorios, muchas veces justificadas bajo argumentos vinculados a la seguridad nacional o la estabilidad económica. Sin embargo, estas políticas suelen ignorar las causas estructurales que impulsan la migración y terminan vulnerando derechos fundamentales.
En este sentido, los impulsores de la protesta han comparado el DNU 366/2025 con las políticas antimigratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Detenciones violentas, deportaciones sin derecho a defensa y discursos estigmatizantes son algunos de los paralelismos trazados.
Frente a este escenario, las organizaciones convocantes hacen un llamado urgente a todos los sectores sociales para unirse en defensa de los derechos humanos. «Migrar no es delito; es un derecho humano», reza uno de los principales lemas del movimiento. La manifestación busca no solo exigir la anulación del decreto, sino también trazar una agenda clara para garantizar una política migratoria inclusiva y respetuosa.
La lucha por los derechos de las personas migrantes no es solo una cuestión legal o administrativa; es una batalla por el respeto a la dignidad humana en todas sus formas. En un contexto marcado por crecientes desigualdades y tensiones sociales, garantizar estos derechos es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria.
El próximo jueves 18 de septiembre será una fecha clave para visibilizar las demandas de las comunidades migrantes en Argentina. Lo que está en juego no es solo la derogación del DNU 366/2025, sino también el compromiso del país con los principios democráticos y los derechos humanos. Ante este desafío, las organizaciones convocantes han dejado claro su mensaje: «Juntos, al Congreso contra el DNU antimigrante».
