

El diésel es el combustible utilizado por vehículos de transporte pesado, urbano e incluso por maquinaria agrícola, y su precio varía considerablemente entre los distintos países de la región.
La reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel ha provocado un aumento significativo en su precio, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Esta medida, anunciada como parte de un plan de ajuste fiscal, ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores, especialmente en el transporte público y el transporte de carga pesada, que han protagonizado cierres de carreteras y protestas en varias provincias del país.
Hasta antes de esta reforma, el precio del diésel en Ecuador se encontraba entre los más bajos de América Latina, debido a un sistema de subsidios estatales que databa de décadas atrás. Este bajo costo era un componente clave para muchos sectores económicos, en particular el transporte, la agricultura, la pesca y la construcción, donde el diésel es un insumo fundamental.
A pesar del incremento, el nuevo precio de USD 2,80 por galón aún es inferior al registrado en otros países de la región. Según cifras recientes:
En Uruguay, el diésel se vende a aproximadamente USD 5,60 por galón, lo que lo convierte en uno de los países con el combustible más caro de América Latina.
En Argentina, el precio alcanza los USD 4,16 por galón, afectado también por la inflación y los costos de importación.
En Estados Unidos, el valor promedio nacional del diésel es de USD 3,77 por galón.
Solo Bolivia mantiene un precio inferior al de Ecuador, con un valor de USD 2,00 por galón, gracias a los fuertes subsidios que aún sostiene el Estado.
Ahorro fiscal proyectado y destino de los recursos
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido la medida como necesaria e inevitable, en el marco de un esfuerzo más amplio por sanear las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la eliminación del subsidio al diésel permitirá un ahorro anual estimado en USD 1.100 millones, una cifra significativa para un país que enfrenta serios desafíos fiscales y una creciente deuda externa.
Estos recursos, asegura el Ejecutivo, serán reorientados hacia programas de compensación y apoyo productivo, entre ellos:
La devolución del IVA a sectores estratégicos como la agricultura, pesca y construcción, para amortiguar el impacto del alza en los costos operativos.
Compensaciones directas a los transportistas de carga pesada y otras actividades logísticas que dependen del diésel.
Subsidios focalizados para el sector productivo, con el fin de mantener la competitividad en medio del nuevo esquema de precios.
Reacciones sociales y panorama político
A pesar de las explicaciones oficiales, la reacción ciudadana ha sido inmediata. Gremios de transportistas, sindicatos y organizaciones sociales han rechazado la medida por considerarla abrupta e injusta, especialmente en un contexto de inflación y bajo poder adquisitivo. Las protestas han incluido bloqueos viales, movilizaciones y anuncios de posibles paros nacionales, los cuales han sido gestionados y atendidos hasta el momento por el ejecutivo.
ecuavisa.com
