El indulto de Jair Bolsonaro a los militares vinculados a la masacre de Carandirú es una afrenta a la dignidad humana y a los principios del derecho internacional público.
El procurador general de Justicia de Sao Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, extendió este sábado un oficio a los órganos judiciales de Brasil para declarar inconstitucional el indulto concedido por el presidente Jair Bolsonaro a los militares que cometieron crímenes en la cárcel de Carandirú en 1992.
El jurisconsulto solicitó al Procurador General de la República, Augusto Aras, la mediación del Ministerio Público Federal con la Corte Suprema de Brasil “a fin de disponer la interposición de Acción Directa de Inconstitucionalidad o Argumento de Vulneración de Precepto Fundamental”.
El magistrado consideró que “la renuncia objeto de este dispositivo viola no solo el derecho nacional sino, en particular, los mandatos internacionales, pues viola las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresadas en un informe sobre la masacre de Carandiru”.
Para la autoridad legislativa, el decreto presidencial “contiene un acto de gracia, con destinatarios determinados, contrario al artículo 188 del Código de Procedimientos Penales, que prohíbe el otorgamiento de este beneficio de oficio y exige una solicitud hecha por los interesados, algo que no ocurrió”, declaró.
“El acto presidencial es una afrenta a la dignidad humana, a los principios del derecho internacional público y a las decisiones de los órganos internacionales de los derechos humanos, por lo que es susceptible de responsabilizar a Brasil (una vez más) de violar los derechos humanos”, escribió Sarrubbo.
La víspera, el presidente saliente del país sudamericano decretó un perdón ejecutivo, aprovechando las fiestas navideñas para beneficiar, entre otros, a los uniformados que aplastaron el motín ocurrido en el penal de Carandirú, en el estado de Sao Paulo, en 1992.
Aquel hecho, considerado uno de los más sangrientos de la historia penitenciaria de Brasil, dejó un saldo de 111 reclusos muertos tras la entrada violenta de miembros de la policía militar para sofocar un motín en el Pabellón 9 de una cárcel con problemas de insalubridad y hacinamiento.
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