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Con la radicación del Proyecto de Ley 239, conocido como Ley Arles, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, dio un paso sin precedentes en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia. La iniciativa, que responde a un mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se levanta como un símbolo de reparación, memoria y dignidad para miles de familias que han esperado durante décadas una reacción real del Estado.
El proyecto no es un trámite legislativo más. Es la cristalización de años de lucha de víctimas, familiares y defensores de derechos humanos que han exigido una sola cosa: acción inmediata y cero excusas en la búsqueda de sus seres queridos. La Ley Arles busca tipificar como falta disciplinaria gravísima la conducta de cualquier servidor público o funcionario de policía judicial que, de manera injustificada, omita, retrase o entorpezca las órdenes inmediatas de verificación en casos de desaparición.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, enfatizó que la norma incorpora un cambio estructural en la forma como el Estado enfrenta la desaparición forzada:
“Con esta ley, Colombia deja atrás una historia de indiferencia. Se impone un deber ineludible de actuar sin dilaciones. Cada minuto que se pierde en la búsqueda es una herida abierta en las familias. La Ley Arles es un mensaje claro: nunca más el silencio y la pasividad del Estado frente a los desaparecidos.”
La propuesta legislativa lleva el nombre de Arles Edison Guzmán Medina, joven desaparecido en 2002 durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Su caso se convirtió en un emblema de la falta de respuesta estatal y en un llamado a la acción para garantizar que hechos similares no se repitan. El eco de su historia llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se emitió una sentencia que hoy se traduce en este compromiso tangible del Estado colombiano.
La Ley Arles también complementa y refuerza el Mecanismo de Búsqueda Urgente (Ley 971 de 2005), cerrando vacíos legales y fortaleciendo la capacidad de reacción del Estado. A diferencia de normas anteriores, esta propuesta no deja espacio para la indiferencia burocrática ni para dilaciones que prolongan la angustia de las familias.
El hermano de la víctima, Henrry Orlando Guzmán Medina, expresó con firmeza que el proyecto es una victoria moral para todas las familias que aún buscan a sus seres queridos:
“Se trata de que ninguna otra familia viva lo mismo. De exigir cero excusas a las autoridades y de reconocer la lucha que llevó este caso hasta la justicia internacional. La desaparición forzada no solo borra a la persona, también arranca de raíz la tranquilidad de quienes la esperan.”
En el mismo sentido, la representante de las víctimas, María Victoria Fallon, hizo un llamado directo al Congreso de la República:
“Votar a favor de la Ley Arles es votar por la vida, por la verdad y por la dignidad humana. La desaparición forzada no tiene color político ni bandera. Hace 22 años Arles fue desaparecido; hoy, en su nombre, pedimos al Congreso que esta semilla de justicia crezca y se convierta en una respuesta concreta para miles de familias.”
El proyecto también envía un mensaje contundente a la comunidad internacional: Colombia no es indiferente al dolor de las víctimas y asume su obligación de garantizar la no repetición de uno de los crímenes más atroces. La radicación de esta ley constituye, además, un acto de reconstrucción de confianza ciudadana en las instituciones y un reconocimiento a quienes, pese al abandono estatal, no han dejado de buscar a sus desaparecidos.
Con la Ley Arles, el Ministerio de Justicia no solo cumple un mandato internacional, sino que impulsa una transformación cultural e institucional: la certeza de que cada vida importa, que cada desaparición debe ser investigada sin demora y que la memoria de las víctimas se convertirá en un pilar para una democracia más sólida y humana.
carloscastaneda@prensamercosur.org
