Las proyecciones de crecimiento económico de Bolivia para el año 2023, según el FMI y la CEPAL, no son halagüeñas y hacen ver que, inevitablemente, habrá recesión.
El criterio corresponde al presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, quien recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticaron porcentajes bajos de crecimiento para el país, la región y a nivel mundial, en general.
En declaraciones a Correo del Sur Radio FM 90.1, señaló que en octubre se calculó un crecimiento de Bolivia para 2023 de 3,2%, algo que ya “está demostrando signos de un decrecimiento o recesión económica”.
“En comparación a lo que está establecido en el PGE, que es un 4,86% en 2023, el Gobierno es muy optimista o no está tomando en cuenta las consideraciones y perspectivas de organismos de carácter internacional, que obviamente han hecho unos estudios estadísticos muy profundos”, opinó el profesional.
El presidente Luis Arce promulgó el fin de semana la Ley 1493 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de varias observaciones, con 243.950 millones de bolivianos.
Los fondos son para el funcionamiento del sector público, alcaldías, universidades públicas, empresas públicas y otros.
El PGE contempla varios cambios como la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología para las universidades para proyectos que contribuyan a la sustitución de importaciones.
La ley autoriza al Ministerio de Economía a realizar operaciones de deuda pública.
Al respecto, el diputado Jorge Komadina (CC), observó que se autorice a YPFB a titularizar futuros flujos de caja. “Se van a vender las futuras ganancias”, dijo.
Ratificó cuatro críticas. Primero, que el PGE es centralista porque el 90% de los recursos son controlados, dijo; segundo, va a empresas públicas ineficientes; tercero, se concentra en Defensa, Presidencia y Gobierno, y cuarto, las empresas públicas tienen directivos interinos, no hay una institucionalización.
JUECES EN EMERGENCIA
El domingo, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), se declaró en estado de emergencia al calificar como insuficiente la asignación de recursos para el Órgano Judicial en el PGE 2023.
Además, exigió que la asignación de recursos contemple la restitución de sus salarios recortados en el presupuesto de 2021, después de la pandemia.
La directiva de la Amabol emitió un pronunciamiento haciendo notar la precaria asignación presupuestaria que tiene el Órgano Judicial que no llega ni al 0,50 por ciento del presupuesto total del Estado, lo que vulnera principalmente el acceso a una justicia pronta y oportuna reconocida constitucionalmente.
PGE 2023
La Ley 1493 del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 fue promulgada por el presidente Luis Arce. La Gaceta Oficial del Estado publicó el documento de forma oficial el 17 de diciembre.
El presupuesto total agregado alcanza a Bs 317.128.669.031 y el consolidado llega a Bs 243.950.261.888.
Correo del Sur
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