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El Ministerio de Justicia y del Derecho celebró la decisión de la Corte Constitucional de avalar la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un mecanismo que busca transformar el acceso a la justicia en el campo colombiano y que constituye uno de los pilares en la implementación del Acuerdo Final de Paz. El fallo, de profundo calado histórico y político, abre la puerta a una justicia especializada, sensible a las realidades territoriales y orientada a la resolución de los conflictos agrarios que durante décadas han marcado la vida rural del país.
El alto tribunal declaró la constitucionalidad de la mayor parte del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), al considerar que se ajusta plenamente a la Carta Política y que fortalece el acceso de las poblaciones rurales, campesinas y étnicas a mecanismos judiciales más cercanos y eficaces. En su pronunciamiento, la Corte subrayó la importancia de que los concursos para la selección de jueces y magistrados agrarios valoren conocimientos sobre derechos fundamentales, así como enfoques diferenciales, de género y territoriales, garantizando además la igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, víctimas del conflicto y grupos étnicos.
Aunque la Corte declaró inconstitucionales dos artículos -el 4 y el 5- por no guardar relación con la naturaleza de la jurisdicción, precisó que su exclusión no altera el espíritu ni los alcances de esta nueva arquitectura judicial. La esencia del proyecto permanece intacta: crear una jurisdicción capaz de responder a las necesidades del campo, con jueces y tribunales especializados apoyados por equipos técnicos e interdisciplinarios.
Esta decisión representa un paso decisivo en el cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral y responde al reclamo histórico de los campesinos de contar con una justicia que entienda sus problemáticas y reconozca sus derechos. En palabras del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Agricultura, la Jurisdicción Agraria y Rural será una herramienta fundamental no solo para resolver conflictos sobre tierras y producción agrícola, sino también para prevenir nuevas disputas y consolidar la paz en los territorios.
El texto ajustado del proyecto será remitido al Congreso para su firma y posterior envío a sanción presidencial, mientras se avanza en la aprobación de la ley ordinaria que definirá competencias específicas, principios del derecho agrario y un procedimiento especial adaptado a esta jurisdicción.
Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional envía también un mensaje a la comunidad internacional, Colombia apuesta por un modelo innovador de justicia agraria que no solo busca saldar una deuda histórica con el campo, sino que puede convertirse en referente para otros países de la región que enfrentan tensiones y conflictos rurales.
carloscastaneda@prensamercosur.org
