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El presidente del Congreso colombiano, Lidio García Turbay, se encuentra en el centro de un proceso administrativo que podría reavivar uno de los debates más sensibles de la vida nacional: la ocupación irregular de tierras baldías. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió dos resoluciones, con fecha del 3 de septiembre, mediante las cuales abrió investigación sobre los predios El Limón y Guayabal, ubicados en el municipio de Mahates, Bolívar, que aparecen vinculados al congresista liberal.
Los documentos, revelados inicialmente por la revista Cambio, señalan que el objetivo de la actuación administrativa es esclarecer el origen de las propiedades y establecer si corresponden a baldíos de la Nación. De confirmarse tal hipótesis, se trataría de terrenos que, según la ley, no pueden ser adquiridos por particulares sino adjudicados únicamente por la propia ANT.
La notificación al senador García Turbay, quien recientemente presidió la plenaria en la que se eligió magistrado de la Corte Constitucional, refleja el alcance de un caso que ya trasciende lo jurídico para situarse en el corazón de la política colombiana. El procedimiento se inscribe en la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la reforma agraria y la recuperación de tierras una de sus banderas más decisivas.
Este episodio no es aislado. En mayo, el director de la ANT, Felipe Harman, advirtió que al menos un tercio de los congresistas podría estar relacionado con casos de ocupación irregular de baldíos, entre ellos el propio García, señalado por la compra de otro predio en San Juan de Nepomuceno. Dichas denuncias reabrieron la discusión sobre un fenómeno que históricamente ha alimentado la desigualdad y los conflictos armados en Colombia: el acaparamiento de tierras por parte de sectores políticos y económicos.
El proceso contra los predios de García Turbay no solo plantea un examen jurídico sobre la legalidad de su adquisición, sino que también representa un desafío político en un país donde el acceso a la tierra sigue siendo uno de los ejes del conflicto social. La investigación, que apenas comienza, podría convertirse en un punto de inflexión para medir la voluntad real del Estado colombiano de enfrentar viejos privilegios y avanzar en una justicia agraria largamente postergada.
carloscastaneda@prensamercosur.org
