Imagen . Miguel Uribe Turbay
La Fiscalía General de la Nación reveló un nuevo y estremecedor capítulo en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Durante la audiencia de imputación de cargos en Bogotá contra Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, el ente acusador señaló que el crimen no fue obra aislada, sino la acción de una estructura ilegal conocida como “Plata o plomo”, una organización dedicada al sicariato que, según los investigadores, habría ejecutado el magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de la capital.
Alias Harold, séptimo capturado por el caso, no solo habría sido el encargado de seleccionar al menor de 15 años que disparó contra el senador -ya condenado a siete años de privación de libertad-, sino que además tendría un rol de liderazgo dentro de esta red criminal. La Fiscalía lo describió como un hombre que desde 2023 operaba activamente en la fabricación y tráfico de estupefacientes, distribución de armas de fuego y planeación de homicidios por encargo.
La estructura, cuyo mando máximo estaría en manos de un hombre conocido como alias Mosco, contaba también con figuras claves como Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, señalado cerebro logístico del atentado y capturado en julio pasado. A ellos se suman otros nombres que empiezan a perfilar la magnitud de la red: alias El Viejo, alias El Caleño, Katerine Martínez -detenida en Caquetá-, y varios integrantes aún por identificar.
La Fiscalía aseguró que Plata o plomo no solo tenía como centro de operaciones la ciudad de Bogotá, sino que extendía su injerencia a varias regiones del país, con un modus operandi que incluía el uso de menores de edad para cometer asesinatos selectivos. Antes del ataque contra Uribe, sus miembros realizaron seguimientos meticulosos a la víctima, que fueron documentados en un grupo de WhatsApp a través del cual sostuvieron videollamadas para coordinar cada detalle del crimen.
El atentado contra Miguel Uribe, que le costó la vida tras dos meses en cuidados intensivos, ha sacudido a la política colombiana y a la comunidad internacional. El magnicidio no solo truncó la carrera de un joven líder político, sino que puso en evidencia la existencia de una maquinaria criminal especializada en asesinatos por encargo, que opera con frialdad y con capacidad de infiltrarse en la vida pública del país.
Alias Harold fue imputado por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y tráfico de armas. No aceptó los cargos. Entretanto, las autoridades continúan tras la pista de los autores intelectuales, en un caso que ya es considerado uno de los más graves atentados políticos de las últimas décadas en Colombia.
