El senador Arnaldo Samaniego, uno de los autores del proyecto que insta al TSJE a suspender la compra de las máquinas de votación, expuso los cuestionamientos hacia este proceso de adquisición y aclaró que la idea no surgió de la noche a la mañana, sino que fue producto de un seguimiento de meses.
En una conferencia de prensa realizada ayer, el legislador Arnaldo Samaniego recordó que, desde el momento en que se presupuestó la compra de máquinas de votación, se creó la comisión especial que dio seguimiento al proceso para evacuar las dudas.
El legislador comenzó con la exposición de lo que considera uno de los cuestionamientos más contundentes. “Terminada la evaluación técnica, pudimos constatar que no se cumplió con el componente de código fuente, que sea de libre acceso. Eso permitirá que, si sucede un inconveniente en un local de votación, el soporte técnico asignado pueda revisar fácilmente cuál es la anormalidad y corregirla. No existe esa garantía”, comentó.
Este es uno de los motivos para instar al TSJE a suspender la compra de máquinas cuanto antes y llamar a licitación por la vía de la excepción para un arrendamiento.
Otro de los cuestionamientos es el costo de 92 millones de dólares. Para el legislador es importante realizar una revisión económica que permita acceder a un precio justo y de mercado.
Una de las recomendaciones es exigir la certificación de calidad ISO. “En el mundo se contrata este tipo de certificación para garantizar la transparencia”
Ante la crítica de que no se podrá acceder al software en caso de optar por el alquiler, el senador contestó que se puede hacer una contratación híbrida en la que se alquila la máquina y se adquiere el software.
Samaniego recalcó que este proyecto de declaración es una recomendación dirigida a la Justicia Electoral, pero admitió que no podrán interferir en caso de que los ministros decidan avanzar en la compra.
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