Las acciones de las principales entidades financieras del pais sudamericano perdieron miles de millones de dólares en capitalización bursátil esta semana
Solo en el día martes, las acciones de las principales entidades bancarias brasileñas perdieron 41.900 millones de reales (7.656 millones de dólares) en capitalización bursátil. Las acciones del Banco do Brasil fueron las más penalizadas (-6,03%), seguidas de Itaú, BTG Pactual, Bradesco y Santander. El índice financiero de la Bolsa de Valores (B3) perdió un 3,82%, el peor rendimiento desde enero de 2023, mientras que el índice bursátil Ibovespa cayó un 2,10%. El mercado reaccionó así a la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Flávio Dino, que estableció que las sentencias y sanciones procedentes del extranjero no pueden tener efecto automático en Brasil, sino que deben pasar por la homologación de la justicia nacional o por instrumentos de cooperación internacional. La medida está vinculada formalmente a procesos en el Reino Unido sobre los desastres mineros de Mariana y Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Sin embargo, el mercado la ha interpretado como una forma de limitar la aplicación de la Ley Magnitsky, que Estados Unidos ha aplicado recientemente al juez del STF Alexandre de Moraes, encargado del proceso por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Los ejecutivos de los bancos consultados por Infobae han expresado su preocupación por una posible confrontación directa entre las decisiones del STF y las imposiciones de Washington. De hecho, todos los bancos brasileños tienen capital u operaciones en Estados Unidos. Normalmente, las llamadas sanciones OFAC (acrónimo de Office of Foreign Assets Control, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) conectadas a la Ley Magnitsky son aplicadas automáticamente por los bancos de todo el mundo y afectan a todo, desde cuentas bancarias hasta contratos o líneas de crédito. Algunos precedentes muestran cuál es el precio que hay que pagar en caso de incumplimiento de esas sanciones, como la multa de 8.900 millones de dólares impuesta al banco francés BNP Paribas en 2014 por mantener relaciones con Cuba, Irán y Sudán, países sujetos al embargo de Estados Unidos.
Según informa el diario brasileño O Globo, el banco en el que los jueces del STF, al igual que muchos otros funcionarios públicos, reciben su salario es el Banco do Brasil, de propiedad estatal. Además de las actividades bancarias normales, también desempeña funciones de interés público, como el apoyo a la agroindustria, la financiación de programas sociales y el apoyo a las políticas gubernamentales. Lo que genera incertidumbre ahora es el hecho de que la formulación de la Ley Magnitsky para el caso brasileño es muy vaga y no especifica cómo se aplicarán las sanciones. Si se interpretara en el sentido de que cualquier vínculo bancario con Alexandre de Moraes constituye una violación, instituciones como el Banco de Brasil, que gestiona el salario del ministro, correrían el riesgo de ser excluidas del mercado estadounidense. En un comunicado emitido hace unas horas, el Banco do Brasil ha declarado que opera “en pleno cumplimiento de la legislación brasileña, las normativas de los más de 20 países en los que opera y las normas internacionales que regulan el sistema financiero”. En el texto también se afirma que la institución “está preparada para abordar cuestiones complejas y delicadas que implican normativas globales. El Banco supervisa constantemente estas cuestiones y recurre a asesoramiento jurídico especializado para garantizar que sus acciones se ajusten a las mejores prácticas en materia de gobernanza, integridad y seguridad financiera”.
Mientras tanto, la estrategia de los principales bancos del país es esperar nuevos avances y abrir el diálogo con las autoridades brasileñas. En una rueda de prensa, Livia Chanes, CEO de Nubank Brazil, declaró que “como política institucional, respetamos estrictamente las leyes brasileñas e internacionales, pero por el momento no se requiere ninguna acción por nuestra parte”. “Seguiremos, como siempre, respetando las normativas internacionales y nacionales y manteniendo el diálogo con las autoridades de la mejor manera posible”, concluyó. En las últimas horas, los principales bancos de Brasil han propuesto como posible solución a los jueces del STF la apertura de cuentas bancarias en cooperativas de crédito, que no se relacionan con el sistema financiero internacional, pero según el diario Folha de São Paulo, los jueces se han negado, considerando esta medida una “capitulación del STF y de Brasil”.
Además, Moraes declaró ayer que “si los bancos deciden aplicar la ley Magnitsky en Brasil, no pueden hacerlo y pueden ser sancionados”, mientras que Flávio Dino afirmó que la caída en bolsa de las acciones de los principales bancos brasileños no tiene nada que ver con su decisión. “No pensaba que fuera tan poderoso”, ironizó. Malu Gaspar escribe en O Globo que “si la ofensiva (de Estados Unidos) se intensifica, los jueces (del STF) ya han debatido una respuesta aún más seria: bloquear los activos o las cuentas de las empresas estadounidenses con intereses en Brasil”.
Por el momento, según varios economistas, la crisis actual aumenta la percepción del riesgo país, desalienta las inversiones y puede tener efectos duraderos en la economía brasileña, agravando la incertidumbre en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Para Ilan Arbetman, analista de ATIVA Investimentos, se ha creado “una grave incertidumbre normativa para los bancos, que se encuentran en una situación delicada, al tener que equilibrar las órdenes de las autoridades brasileñas con las solicitudes de los tribunales extranjeros”, declaró a Folha de São Paulo. “Una posible escalada también aumentaría el riesgo de sanciones. Es una cuestión muy delicada que exigirá un gran esfuerzo al sector bancario”, agregó Arbetman. Hugo Queiroz, socio de L4 Capital, declaró a Folha de Sao Paulo que los bancos brasileños con actividades en Estados Unidos “acabarán inevitablemente adaptándose a la Ley Magnitsky”. Queiroz advierte que el STF podría ejercer presión interna “imponiendo multas diarias y exigiendo a los bancos que mantengan abiertas las cuentas si siguen la Ley Magnitsky. Sin embargo, están conectados al sistema SWIFT, con operaciones y sedes centrales en Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto es mucho mayor si no cumplen con las sanciones”, afirmó Queiroz.
El sector bancario brasileño ya se enfrenta a problemas por el significativo aumento de los impagos de sus clientes. Según los datos de Serasa, una de las principales agencias brasileñas de crédito y análisis financiero, publicados esta semana, en 2025 el impago de deudas alcanzó niveles récord en Brasil, con 77,9 millones de personas y 7,7 millones de empresas en mora, de las cuales 7,3 millones son micro y pequeñas empresas. Este aumento, según Serasa, es el más alto jamás registrado y representa un problema estructural para bancos, fondos e inversores. El fin en 2024 de los programas “Desbloquea Brasil” y “Desbloquea pequeñas empresas”, que habían facilitado las renegociaciones y la regularización temporal de las deudas, ha vuelto a disparar el número de morosos. Hoy en día, cada código fiscal (CPF) asociado a una persona con deudas impagadas registradas en las agencias de crédito tiene una media de cuatro deudas activas, lo que indica un ciclo recurrente de renegociación y nuevo endeudamiento.
Las causas principales se atribuyen al elevado nivel de los tipos de interés. El tipo Selic se mantiene en el 15% anual, con un crédito comercial al 5,42% mensual y un crédito renovable de tarjetas al 15,28% mensual. Esta situación afecta a las familias (con una relación deuda/ingresos del 49%) y a las empresas, especialmente a aquellas con financiación indexada a la inflación o a tipos fijos, que se ven obligadas a refinanciarse a costes muy superiores. Por primera vez, también se encuentra en crisis el sector agroalimentario, tradicionalmente considerado más estable, que está experimentando una oleada de recuperaciones judiciales, con empresas obligadas a recurrir a los tribunales para renegociar sus deudas. El estrés financiero del sector se debe también a una nueva norma contable del Banco Central que obliga ahora a los bancos a estimar por adelantado cuánto podrían perder en los préstamos, incluso antes de que el deudor se declare insolvente, lo que agrava su percepción del riesgo y aumenta las comisiones por créditos dudosos.
Por último, los economistas han criticado la decisión del Gobierno de Lula de solicitar al Congreso la exclusión de 9.500 millones de reales (1.735 millones de dólares) del paquete de ayudas recientemente destinado a las empresas afectadas por los aranceles del 50% de la Administración Trump del cálculo del objetivo fiscal para 2025 y 2026. Según los expertos, esta medida reduce la eficacia de las principales normas de control del gasto público, creando una especie de “zona gris” en la supervisión del déficit y el superávit, y reduce la credibilidad del ancla fiscal. Según datos del Tesoro Nacional, entre 2023 y 2026, los gastos fuera de objetivo ascienden a 387.800 millones de reales (70.857 millones de dólares).
En este escenario, la popularidad de Lula está aumentando, por primera vez en meses. Según una encuesta de Genial/Quaest publicada ayer, el presidente brasileño ha recuperado seis puntos porcentuales desde mayo pasado, llegando al 46%, frente a un 51% de desaprobación. Además, para el 44% de los encuestados, el Gobierno de Lula ha gestionado bien la emergencia de los aranceles, mientras que el 55% ha expresado una opinión negativa sobre el tema en relación con Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, que desde Estados Unidos, donde se encuentra trasladado, está presionando a la administración Trump para que se apruebe en Brasil la amnistía para su padre, su cúpula y los ciudadanos implicados en el asalto del 8 de enero de 2023 a los principales edificios institucionales de Brasilia.
Y es la palabra “soberanía” la que guiará la comunicación del Gobierno de Lula en los próximos meses, también con vistas a la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo año. Según informa el sitio web brasileño Metrópoles, el ministro de Comunicación Social de la Presidencia de la República (Secom), Sidônio Palmeira, presentará en la próxima reunión ministerial del 26 de agosto el nuevo eslogan del Gobierno de Lula, que sustituirá al lema “Unión y Reconstrucción” por otro que contendrá la referencia al “pueblo brasileño” y a la “soberanía nacional”.
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