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En un nuevo capítulo del proceso judicial que marca un hito en la historia política de Colombia, un tribunal de Rionegro, Antioquia, negó este lunes la solicitud de habeas corpus presentada por el abogado barranquillero Fredy Alberto Lara Borja, que buscaba la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El juzgado civil que conoció el caso argumentó “carencia de fundamento legal” para revocar la medida, dejando firme la detención domiciliaria que el exmandatario cumple en su residencia de Rionegro.
La petición, de carácter urgente, pretendía poner fin a la privación de la libertad que enfrenta Uribe en el marco de varios procesos judiciales. Sin embargo, la decisión reafirma la vigencia de la condena impuesta en julio de 2025, cuando fue hallado culpable de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. La sentencia, de 12 años de prisión, convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado en juicio por delitos cometidos durante y después de su mandato.
El caso, que ha captado la atención internacional, se remonta a marzo de 2024, cuando la Fiscalía General imputó al exmandatario por los delitos de soborno a testigos en actuación penal, fraude procesal y soborno, aunque fue absuelto de un cargo independiente de soborno a una fiscal. Desde entonces, la defensa ha presentado múltiples recursos para suspender la detención, todos rechazados, incluido el más reciente por el Tribunal Superior de Bogotá.
La escena judicial de este lunes en Rionegro fue sobria, pero cargada de simbolismo: un expresidente que gobernó Colombia durante ocho años, hoy recluido en su hogar por mandato judicial, mientras el sistema de justicia colombiano sostiene la medida más allá de la presión política y la polarización social que rodea su caso. La decisión del tribunal refuerza el mensaje de que, en Colombia, al menos por ahora, la ley alcanza a todos, incluso a quienes alguna vez ocuparon la más alta magistratura del país.
