Imagen Cortesía- El Tiempo
En un momento delicado para la democracia colombiana, el Ministerio de Trabajo encendió las alertas frente a las denuncias sobre posibles presiones ejercidas desde ciertos sectores políticos para obligar a empleados a participar en la marcha convocada para este miércoles 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La manifestación, bautizada por sus promotores como la “Marcha por la libertad y la democracia”, ha sido presentada como una respuesta ciudadana a la decisión judicial que afecta al líder del uribismo. Sin embargo, la movilización se ha visto empañada por acusaciones que revelan una preocupante instrumentalización del aparato laboral para fines políticos.
“Rechazamos cualquier presión indebida a trabajadores y trabajadoras para asistir a movilizaciones del 7 de agosto. Ninguna causa política justifica el constreñimiento laboral”, afirmó tajantemente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a través de su cuenta oficial en la red X. Su declaración, breve pero firme, sintoniza con un principio fundamental del Estado Social de Derecho: el respeto irrestricto a las libertades individuales, en especial dentro del mundo del trabajo.
El Ministerio informó que ha iniciado acciones de inspección laboral en diferentes regiones del país, como parte de un proceso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en caso de comprobarse coerciones o amenazas. “La participación en cualquier manifestación política debe ser absolutamente voluntaria. Nadie puede ser obligado ni directa ni indirectamente a adherirse a una causa, por más popular o polémica que esta sea”, señaló una fuente de alto nivel dentro de la cartera.
Según reportes preliminares recibidos por el Ministerio, algunas empresas habrían insinuado represalias -desde sanciones disciplinarias hasta afectaciones contractuales- contra empleados que decidieran no sumarse a la movilización. De confirmarse estos hechos, se trataría de una violación grave a la legislación laboral y a los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Colombia es Estado miembro.
El contexto no es menor. Álvaro Uribe, uno de los líderes más influyentes y polarizantes de las últimas décadas en América Latina, fue condenado recientemente por su implicación en un entramado judicial que lo vincula con presiones a testigos y fabricación de pruebas. Sus seguidores, que no aceptan la sentencia, han convocado marchas bajo el argumento de que se trata de una persecución política. Pero el problema surge cuando el respaldo deja de ser espontáneo y se transforma en imposición.
El Ministerio de Trabajo recordó que el derecho a la protesta -incluido el derecho a no protestar- es parte esencial de cualquier sociedad democrática. Obligar a un trabajador a participar en una manifestación política constituye una forma de violencia institucional y una agresión directa a su dignidad.
Además, se ha pedido a los trabajadores y trabajadoras del país que, en caso de verse afectados por presiones indebidas, documenten los hechos y los denuncien ante las Direcciones Territoriales del Ministerio o por los canales habilitados. Las quejas pueden ser anónimas, y se garantizará la confidencialidad de la información para evitar represalias.
La advertencia del Gobierno no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también simbólicas. En un país que ha padecido décadas de conflicto, violencia política y manipulación institucional, proteger la autonomía de los trabajadores es proteger la esencia misma de la democracia. El trabajo no puede convertirse en un instrumento de chantaje ideológico ni en plataforma para consolidar lealtades forzadas.
A medida que se aproximan las elecciones regionales y el debate sobre la justicia alcanza un nuevo pico de polarización, este pronunciamiento del Ministerio se inscribe en una lucha más amplia: la de asegurar que el espacio público y político no se contamine con prácticas coercitivas que recuerdan los capítulos más oscuros de la historia del país.
En Colombia, la libertad de expresión no puede divorciarse de la libertad laboral. Y, como lo recordó el ministro Sanguino, ningún proyecto político -por poderoso que sea- tiene licencia para vulnerar los derechos fundamentales de quienes construyen, día a día, con su trabajo, el futuro de la nación.
