MONTREAL – Creada en 2016, la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano (RBCM) hospeda a 1900 especies de animales y plantas y contiene la mitad del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo mayor del mundo luego de la Gran Barrera de Coral de Australia.
Ese ecosistema recibe la presión de la construcción de dos de las siete rutas del Tren Maya (TM), el megaproyecto más emblemático del gobierno mexicano y cuya construcción iniciada en 2020 altera el entorno de la Selva Maya, el segundo macizo más importante de América Latina después de la Amazonia.
Así lo reconocen dos dictámenes técnicos obtenidos en México por IPS vía solicitudes de información pública y que señalan que, si bien la obra queda fuera del polígono del área marina, se sitúa dentro de su zona de influencia.
En relación con el tramo 4, de 257 kilómetros de extensión, otro documento, de octubre de 2021, acepta impacto sobre dos regiones hidrológicas prioritarias.
Respecto al impacto del tramo 5, de 110 kilómetros de largo, el documento, fechado en mayo, resalta que “no se cuenta con un estudio previo ni información de los sitios de monitoreo y muestreo. Se desconoce la presencia y el estado de las poblaciones de fauna” que habitan en los árboles.
La administración de la RBCM reconoce afectaciones sobre dos regiones marinas prioritarias y sobre el litoral del sudoriental estado de Quintana Roo, protegido por la reserva.
Por ello, la RBCM negó la emisión de la opinión técnica para el tramo 5 por falta de “información y elementos suficientes” y, para el T4, extendió un dictamen condicionado a la presentación de datos adicionales y medidas de prevención, manejo y control.
A pesar de la influencia del ferrocarril en la región, el gubernamental Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no solicitó dictámenes a al menos otras cuatro reservas naturales.
El tendido del TM, a cargo de Fonatur, recorrerá unos 1500 kilómetros, con 21 estaciones y 14 paraderos, a lo largo de cinco estados del sur y el sureste mexicanos.
Este caso ejemplifica las contradicciones del intento de proteger la naturaleza y el desarrollo de infraestructura que sabotea ese propósito, un tema presente en la 15 Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, que se inauguró el día 7 en la ciudad canadiense de Montreal y debe clausurarse el 19 de diciembre.
Además, su costo por unos 15 000 millones de dólares califica entre los subsidios dañinos a la biodiversidad, cuyo monto global totaliza 542 000 millones anuales. Se estima la inversión necesaria para la conservación y uso sostenible de la naturaleza en 967 000 millones por año.
En el Marco Mundial sobre Diversidad Biológica Posterior a 2020, que debe ser aprobado en esta cumbre, una de las principales 21 medidas que se negocian es la denominada en el argot de la ONU 30×30: la protección de 30 % de zonas marinas y terrestres del planeta mediante medidas de conservación para 2030, en un intento por frenar la pérdida de biodiversidad en el planeta.
El plan concita apoyo de más de 100 países y desconfianza entre pueblos indígenas, quienes han sufrido la imposición de áreas naturales protegidas (ANP) sin la debida información y consulta.
La cumbre, que reúne a unas 15 000 personas en representación de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, la academia, organismos internacionales y empresas, debate además de ese Marco Mundial Post-2020, el financiamiento para la conservación y los lineamientos sobre secuenciación digital de material genético, ecosistemas degradados, áreas protegidas, especies amenazadas, el rol de las empresas e igualdad de género.
Los 196 Estados parte del CDB, vigente desde 1993 y cuyo lema en esta COP es “Civilización ecológica. Construyendo un futuro compartido para toda la vida en la tierra”, aún no concuerdan en Montreal en el porcentaje del océano que debe tener protección y si debe incluir las aguas de jurisdicción internacional.
El Marco Mundial busca suceder a las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, adoptadas en 2010 en esa ciudad japonesa durante la COP10 de la CDB y que debían cumplirse para 2020, lo que ha fracasado. La Meta 11 estipulaba la protección de 17 % de áreas terrestres y aguas interiores y 10 % de zonas marinas y costeras.
Reglas insuficientes
Para el peruano Manuel Vidal, líder mundial de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y asistente a la COP15, el problema radica en la regulación de las ANP.
“Naciones como Colombia, Ecuador y Chile han fortalecido el sistema de áreas naturales. Pero en general hay un sistema débil que necesita fortalecimiento. Eso es lo que hay resolver. Se necesita dinero, personal, regulaciones”, dijo a IPS.
México cuenta 185 ANP, que abarcan casi 91 millones de hectáreas –19 % del territorio nacional–, y de las cuales seis son marinas, con 69 millones. A pesar de su importancia, el gobierno mexicano dedica menos de un dólar por hectárea a su cuidado en 2022.
Además, los planes de manejo no están actualizados para abarcar obras como el Tren Maya.
Mientras, Colombia protege 15 % de su territorio mediante 1 483 áreas protegidas sobre una superficie de 35,5 millones de hectáreas y de las cuales 12 millones corresponden a zonas marinas.
A su vez, Chile sostiene 106 zonas, equivalente a 15 millones de hectáreas –20 % de la superficie total–, y de las cuales 22 se sitúan en el mar sobre 105 millones de hectáreas.
Entre los 49 gobiernos que conforman la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC, en inglés), destinada a impulsar el 30×30, participan 10 países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
De los 586 compromisos que organizaciones, empresas e individuos ya han asumido de forma voluntaria en la COP15, escenificada en el Palacio de Congresos de Montreal, solo 93 versan sobre ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce, mientras que 294 se dirigen a conservación y restauración de ecosistemas terrestres, alianzas, 185; adaptación al cambio climático y reducción de emisiones,155.
Para Aleks Rankovic, de la oenegé internacional Avaaz, el reto clave va más allá de una cifra específica de protección.
“Los cómo no están en el debate. Depende de cada país cómo lo va a aplicar. Queda en lo que los países consideran apropiado. Hay poca apertura de cómo lograr las metas”, cuestionó a IPS el integrante de la organización con su base en Estados Unidos y dedicada al activismo ciudadano en temas de interés global, como la biodiversidad.
En el mundo solo 8 % de los océanos está protegido y solo 7 % lo está de actividades pesqueras. Avaaz propone el cuidado de 50 % de zonas marinas y terrestres, con la participación directa de pueblos indígenas.
La protección de zonas marinas está amarrada a otros instrumentos internacionales, como el Tratado Global de los Océanos, que las naciones negocian desde 2018 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que aspira a cuidar 30% de esos ecosistemas en 2030.
Vidal, por su parte, pidió la aprobación del esquema 30×30. “Aplicar estos esquemas toma tiempo. Y se necesita de un mecanismo de financiamiento internacional”, subrayó.
A juicio de Rankovic, se necesita de un marco global fuerte. “El tema es más amplio, porque las pesquerías no están bien reguladas. Sin ello, las áreas marinas serán parte de un programa débil”, advirtió.
La COP15 coincide también con la 10 Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y la 4 Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios de su Utilización, componentes ambos del CDB y parte de su arquitectura para preservar la biodiversidad.
IPS realizó este artículo con el apoyo de Earth Journalism Network, de Internews.
ED: EG
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