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El presidente Gustavo Petro elevó el tono y la apuesta en un momento decisivo para Colombia. Con un lenguaje directo y sin medias tintas, advirtió que si el Congreso bloquea el Presupuesto General de la Nación para 2026 -el más ambicioso en la historia del país, con una cifra récord de 557 billones de pesos- no habrá recortes para salud, educación ni justicia social, sino para los sectores más adinerados que históricamente han concentrado el poder sin responder por su privilegio.
“Se acabaron los privilegios silenciosos”, sentenció el mandatario ante la posibilidad de que la élite política sabotee un proyecto económico que, según su gobierno, busca redistribuir la riqueza con sentido social y enfrentar el abandono estructural de millones de colombianos.
El ministro de Hacienda defendió la propuesta como un paso crucial para consolidar la economía con rostro humano. Pero la oposición reaccionó con rapidez y virulencia. María Fernanda Cabal, una de las voces más duras del uribismo y ya en campaña presidencial, tildó el presupuesto de inviable, acusando al gobierno de querer “sacarle más plata a los colombianos” sin ofrecer resultados. “No sueñe, Petro”, dijo. El jefe de Estado no tardó en responder: “Entonces toda transferencia al gran capital se recortará. Lo que no se recortará es el dinero que va a la justicia social”.
A la crítica de Cabal se sumó la congresista Lina María Garrido, quien acusó al Ejecutivo de presentar un presupuesto desfinanciado para justificar una nueva reforma tributaria. Pero lo que no se menciona desde esos escaños, es que tras décadas de privilegios acumulados, el país arrastra una deuda social impagable, y que los más ricos siguen tributando muy por debajo de su capacidad real.
La situación internacional añade presión. Estados Unidos, bajo una línea conservadora influenciada por el trumpismo, anunció un recorte del 50% en la ayuda financiera a Colombia. Esa reducción amenaza programas sociales clave y deja al país ante una encrucijada fiscal. Petro fue claro: “Como país digno, debemos ampliar la base tributaria sobre los sectores más ricos”. En un dardo directo a los poderes fácticos, recordó que “los más ricos son dueños de la prensa y de la financiación de las campañas políticas”.
No se quedó ahí. Denunció la connivencia entre medios y poder económico, al advertir sobre la “perversión periodística” de aquellos que se convierten en voceros de personas sub judice y, al mismo tiempo, presionan a la justicia. El mensaje apunta a una Colombia atrapada en redes de influencia donde prensa, partidos y élites económicas a menudo operan en bloque.
Petro, fiel a su estilo confrontacional pero coherente con su discurso social, ha lanzado una señal inequívoca: no está dispuesto a sacrificar las conquistas sociales en nombre de la estabilidad de quienes siempre han mandado sin límites. Y aunque la oposición ya afila los cuchillos, el mandatario apuesta a la conciencia del país que ha vivido la pobreza en carne propia.
Mientras tanto, millones de colombianos observan el pulso político con una esperanza frágil: que por una vez el presupuesto de la nación no sea secuestrado por intereses minoritarios, sino que sirva, de verdad, al pueblo que lo sostiene.
Porque si el Congreso le da la espalda a esa esperanza, Petro ha prometido algo inédito: cerrarle la llave al poder.
