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El futuro de la reforma pensional en Colombia, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro, permanece en una incertidumbre jurídica y política que podría marcar un antes y un después en el sistema de seguridad social del país. La Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo sistema de pilares, fue sancionada pero no ha entrado en vigor debido a que la Corte Constitucional encontró posibles vicios en su trámite legislativo y ha solicitado nuevas pruebas para evaluar su legalidad.
Pese a haber sido aprobada por segunda vez en la Cámara de Representantes con una aplastante mayoría —97 votos a favor y uno en contra—, el Alto Tribunal no ha iniciado aún la revisión de fondo del articulado, advirtiendo que antes debe verificar si el procedimiento legislativo cumplió con todos los principios constitucionales. En un auto reciente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez pidió información precisa sobre la convocatoria y desarrollo de las sesiones parlamentarias del 27 y 28 de junio, así como certificaciones detalladas que abarcan desde la publicación del orden del día hasta los decretos presidenciales relacionados con la promulgación de la ley.
El nivel de exigencia por parte de la Corte incluye incluso un requerimiento para conocer si el presidente Petro se encontraba en el país al momento de firmar el decreto 747 del 27 de junio, lo que ha provocado un fuerte rechazo por parte del mandatario. En declaraciones recientes, Petro calificó estas dilaciones como un «golpe de Estado» y defendió la legitimidad del proceso legislativo. «La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado. Dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del Presidente de la República es de una grosería inmensa», expresó.
Más allá de las tensiones institucionales, la reforma toca un nervio sensible de la sociedad colombiana. Su propuesta de cuatro pilares -solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario- busca garantizar que ningún colombiano envejezca en la indigencia. Uno de los puntos más esperados es la implementación del bono pensional para más de 2,6 millones de adultos mayores sin cobertura, con una renta básica mensual de 223.000 pesos, administrada por el Departamento de Prosperidad Social.
El modelo aprobado no modifica la edad de jubilación -62 años para hombres y 57 para mujeres- pero sí introduce medidas que amplían el acceso: reducción de semanas de cotización para mujeres con hijos, unificación del sistema de aportes hasta 2,3 salarios mínimos y fortalecimiento de Colpensiones como eje central del sistema público.
Sin embargo, voces expertas advierten que el tiempo corre y que una eventual aprobación por parte de la Corte exigirá una respuesta inmediata de las entidades responsables. “Si la Corte da vía libre, el Gobierno debe tener todo listo para su ejecución. Colpensiones necesitará una transformación profunda para absorber la carga operativa del nuevo sistema”, señaló Mauricio Olivera, economista y expresidente de la entidad.
La Corte Constitucional tiene tres posibles caminos ante sí: declarar la reforma exequible y permitir su entrada en vigor plena; declararla inexequible, tumbando todo el proyecto por errores en su trámite; o devolverla al Congreso para corregir los vicios identificados.
Por ahora, la Corte ha dado un plazo de diez días a la Cámara y a la Presidencia para remitir toda la información requerida. La decisión final podría tardar semanas o incluso meses, en medio de un debate jurídico que trasciende lo legal para tocar fibras profundas de la justicia social, la legitimidad institucional y la promesa de dignidad para millones de adultos mayores.
Lo que está en juego no es solo una ley: es la credibilidad de las instituciones, la solidez de la democracia y el derecho de una generación a envejecer con dignidad.
