La expresidenta de Argentina pidió también que el juez encargado de la investigación fiscal en su contra, Ercolini, sea apartado.
La vicemandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el lunes la recusación para el magistrado Julián Ercolini, por varias infracciones cometidas en la causa que investiga la persecución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) macrista contra la vicepresidenta y sus hijos.
Por medio de un texto que Cristina Fernández hizo público a través de sus redes sociales, expuso las razones por las que solició la recusación para el juez.
Según el documento, entre los años 2015 y 2019, la AFIP realizó acciones ilícitas contra la familia de la vicepresidenta como abusos de la autoridad, incumplimiento de deberes de funcionamiento público y asociación ilícita.
“La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo”, aseveró Fernández.
Asimismo, quien fuera presidenta de Argentina pidió también que el juez encargado de la investigación fiscal en su contra, Ercolini, sea apartado.
“La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom”, argumentó la exjefa de Estado.
Este letrado está involucrado también en una investigación relativa a un viaje realizado al sur del país junto a otros magistrados y funcionarios, y se quedaron en la residencia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la cordillera de los Andes, que carece de acceso público por la acción del propio millonario extranjero.
La persecución es una más de las disímiles formas por la que la oposición argentina ha intentado asesinar políticamente a la expresidenta Cristina Fernández, uno de las personalidades más importantes de la izquierda en ese país y la región.
El pasado 6 de diciembre la vicemandataria fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en un proceso que duró más de tres años y estuvo rodeado de varios escándalos por parcialidad manifiesta contra Fernández de Kirchner.
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