EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por sexta vez en una década, Colombia se asoma a una decisión trascendental: prohibir de una vez por todas la fracturación hidráulica. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, llevó este martes ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca clausurar la puerta a la extracción de petróleo y gas en yacimientos no convencionales, una promesa que el presidente Gustavo Petro ha defendido desde su primera campaña.
“Para que nuestro país avance no necesitamos seguir extrayendo energías fósiles. Necesitamos descarbonizar nuestra economía”, subrayó Estrada, visiblemente firme ante los legisladores. A su lado, el presidente de la Cámara, Julián López, celebró la “valentía” de la ministra y se comprometió a llevar la iniciativa a la plenaria si logra sortear la comisión. El oficialismo, aglutinado en la bancada del Pacto Histórico, cerró filas en respaldo.
La técnica del fracking —un método polémico y contestado en todo el mundo— consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión en formaciones de roca para fracturarlas y liberar hidrocarburos atrapados. Aunque ha significado un impulso a la producción energética de varios países, sus críticos denuncian daños irreversibles: contaminación de acuíferos, emisiones de metano, impactos sobre ecosistemas frágiles y conflictos con comunidades.
En Colombia, la fracturación hidráulica lleva una década sembrando tensiones políticas. En su momento, el expresidente Iván Duque aseguró que no se implementaría, pero bajo su mandato se abrieron pilotos experimentales para medir impactos. Petro, en cambio, ha insistido en que el país debe alejarse de los combustibles fósiles y apostar por una transición energética justa, pero sin hipotecar la biodiversidad.
Sin embargo, esta cruzada legislativa ha naufragado más de una vez. La iniciativa se ha hundido en múltiples legislaturas, enredada en las comisiones o abandonada en cajones burocráticos. Solo durante el actual Gobierno se ha radicado en tres ocasiones: la versión más reciente logró dos debates en el Senado, pero se apagó sin alcanzar la agenda de la Cámara.
Pese a los reveses, la ministra Estrada se mostró convencida de que esta vez el desenlace puede ser distinto. “Podemos avanzar hacia una transición energética que sea justa y sostenible, pero sin sacrificar lo poco que nos queda de biodiversidad ni de corredores ecosistémicos. Ambas cosas se pueden”, afirmó, dejando claro que este es un pulso ambiental que trasciende fronteras y compromete a toda la región.
Con este nuevo intento, Colombia vuelve a colocar sobre la mesa un debate que mira de frente al futuro: ¿seguirá excavando en el subsuelo o apostará por un modelo que respete la vida y cierre la era de los fósiles? La respuesta está otra vez en manos del Congreso.
