La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido oficialmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al periodista Daniel Coronell como víctimas de las interceptaciones ilegales orquestadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El proceso penal, que avanza contra Andrés Peñate, exdirector de ese organismo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más oscuros de la persecución política en el país.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro, recordó ante la Corte que la maquinaria estatal convirtió al entonces senador en un enemigo interno, sometiéndolo a vigilancia ilegal, persecución y amenazas que pusieron en riesgo no solo su intimidad, sino su vida misma. “Se usó la fuerza del Estado para acallarlo, para intimidarlo. El hoy presidente es, quizá, la prueba más viva de que esa violencia política no logró doblegar su voz ni su causa”, afirmó Carranza durante la audiencia.
Las acciones ilegales no se limitaron a Petro. Bajo la dirección de Peñate —quien estuvo al frente del DAS entre 2005 y 2007—, agentes de inteligencia ejecutaron interceptaciones contra magistrados de la Corte Suprema, líderes de la oposición y periodistas independientes. Entre las víctimas reconocidas figuran, además del actual jefe de Estado y Coronell, el Polo Democrático Alternativo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y seis magistrados: Luis Javier Osorio, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio, Jorge Luis Quintero Miranés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero.
El reconocimiento de estas víctimas revive el eco de una época en la que, para muchos, disentir se pagaba con miedo. En el caso de Petro, esa persecución ilegal reforzó su determinación de denunciar estructuras de poder que se creían intocables. Lo hizo como congresista, lo sostuvo como candidato y lo mantiene como presidente, incluso a costa de su propia seguridad.
Por este escándalo, que hirió la confianza ciudadana en sus instituciones, ya fueron condenados varios exfuncionarios del DAS, entre ellos Enrique Alberto Ariza Rivas y María del Pilar Hurtado, quienes cargaron con parte de la responsabilidad por ordenar y ejecutar las chuzadas.
Hoy, casi dos décadas después, la Corte Suprema devuelve un mensaje de justicia simbólica: ni la intimidación ni la ilegalidad pueden borrar la verdad. En Gustavo Petro queda la huella de un país que ha visto cómo la democracia se defiende incluso cuando la adversidad se convierte en amenaza de muerte.
