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En una decisión sin precedentes recientes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego firmó el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, con el cual desmonta la histórica exclusividad del Consejo de Estado para conocer y fallar acciones de tutela en contra del Primer Mandatario. Con esta medida, tutelas de alto impacto, que antes eran competencia exclusiva del máximo tribunal contencioso del país, ahora podrán ser estudiadas por jueces de circuito y de igual categoría desde la primera instancia.
El decreto, firmado personalmente por el presidente Petro y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, redefine una práctica que durante años concentró en una sola instancia la responsabilidad de resolver reclamos ciudadanos sobre derechos fundamentales cuando estos enfrentaban directamente al jefe de Estado. Según el Gobierno, este cambio no es solo una reforma técnica, sino una apuesta por reforzar las garantías de imparcialidad en la administración de justicia.
“La nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, explicó Montealegre al anunciar la expedición de la norma. El argumento central es claro: el Consejo de Estado, al ser juez natural de los actos administrativos firmados por el Presidente, enfrenta un posible conflicto de interés cuando debe decidir, a la vez, sobre acciones de tutela que podrían cuestionar esas mismas decisiones. Esta doble condición generaba causales de impedimento que, en más de una ocasión, han puesto en entredicho la neutralidad del alto tribunal.
De acuerdo con el nuevo decreto, no solo las tutelas contra el Presidente, sino también aquellas relacionadas con asuntos sensibles como la seguridad nacional o la erradicación de cultivos ilícitos, deberán distribuirse entre jueces ordinarios en primera instancia. Con ello, el Gobierno pretende ampliar la base de jueces habilitados para conocer casos que, por su naturaleza, exigen respuestas rápidas, transparentes y libres de cualquier sombra de parcialidad.
Sin embargo, el decreto también aclara que este nuevo esquema de reparto no afecta en absoluto la competencia de la Corte Constitucional, que mantiene intacto su papel de máxima instancia de revisión y cierre para garantizar la protección de los derechos fundamentales. En otras palabras, la ciudadanía conserva intacta la posibilidad de acudir a la Corte para la revisión de fallos, tal como lo establece la Constitución.
Este ajuste normativo se suma a la serie de reformas que Gustavo Petro ha impulsado desde su llegada a la Casa de Nariño, orientadas a modernizar y democratizar la justicia. Bajo su liderazgo, el Gobierno sostiene que Colombia debe desmontar viejos privilegios y abrir espacios para que la justicia opere sin presiones ni monopolios. Para expertos constitucionalistas, la decisión pone a Colombia en el radar de otros sistemas democráticos que miran con atención cómo se reconfiguran los equilibrios entre poderes en América Latina.
El decreto ya se encuentra publicado en el Diario Oficial y su aplicación inmediata exige a la rama judicial ajustar procedimientos y esquemas de reparto de tutelas. Magistrados, jueces y abogados constitucionalistas están llamados ahora a interpretar y aplicar esta nueva disposición, en medio de un debate público que, sin duda, abrirá discusiones sobre la solidez de la separación de poderes y el alcance real de la independencia judicial en Colombia.
A corto plazo, la medida promete descentralizar y desconcentrar la revisión de casos que por años estuvieron reservados a una única corporación. A mediano plazo, su éxito dependerá de la capacidad del aparato judicial para asumir la responsabilidad de decidir sobre temas tan delicados como la legalidad de las decisiones presidenciales y la protección de derechos fundamentales frente a la máxima autoridad política del país.
Mientras tanto, para el presidente Petro, este decreto se convierte en una carta de presentación que refuerza su narrativa de cambio: la promesa de un Estado más transparente, donde ni siquiera el poder presidencial quede blindado por formalismos que puedan debilitar el acceso real de los ciudadanos a la justicia.
