994.000 multas de tránsito en 2024: solo un tercio son pagadas en Uruguay y la morosidad muestra un comportamiento histórico constante.
Durante 2024, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) registró un total de 994.000 multas de tránsito aplicadas en todo Uruguay. Sin embargo, únicamente un tercio de los propietarios de vehículos sancionados procedió a abonarlas. Esto representa 284.667 infracciones pagadas, equivalente al 29% del total.
El panorama actual del parque automotor nacional comprende alrededor de 3 millones de vehículos registrados. Este número incluye 1.400.000 automóviles y camionetas. También figuran 85.345 camiones, 96.584 maquinarias de mediano y gran porte, y 1.500.000 motos. Se estima que de estas últimas, circulan activamente unas 500.000 unidades.
La morosidad en el pago de las patentes de rodados presenta variaciones según la antigüedad del vehículo. El promedio general para todas las categorías durante 2024 alcanzó un 17%. No obstante, este porcentaje aumenta significativamente en vehículos de mayor edad.
César García Acosta, director General de Asuntos Vehiculares y Sucive, detalló la morosidad por estratos de año. Los vehículos fabricados entre 2012 y 2024 exhiben una morosidad del 8%. Para los modelos de 2008 a 2011, la cifra asciende al 23%. Los vehículos de 2004 a 2007 presentan un 28% de morosidad. Los más antiguos, comprendidos entre 1992 y 1995, muestran una morosidad del 58%.
García Acosta calificó las infracciones de tránsito como un capítulo controversial. Reiteró que en 2024 se impusieron 994.786 sanciones pecuniarias, de las cuales solo se pagaron 284.667 (29%). Esto confirma que únicamente un tercio de las multas fueron abonadas por los conductores sancionados en el país durante ese año.
Las causas más frecuentes de las multas aplicadas fueron el exceso de velocidad, no respetar las luces del semáforo, no poseer licencia de conducir o tenerla vencida, y conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
Los conductores uruguayos, morosos desde hace años
García Acosta proporcionó datos comparativos con años anteriores. En 2023 se impusieron 1.020.413 sanciones pecuniarias, pagándose 330.000 (32%). En 2022 se aplicaron 775.732 multas, abonándose 330.568 (43%). Esto indica una disminución en la tasa de pago respecto a años previos.
Respecto a la diferencia entre 2023 y 2024, García Acosta señaló: «Entre 2023 y 2024, las diferencias de multas por infracciones de tránsito fueron 40.000. Es un monto bajo». También explicó el cambio en la imputación: «En el marco de la licencia por puntos, las multas van ir a las personas y no a los autos. Se imputa al vehículo cuando se desconoce el titular del mismo. El Parlamento disoció las multas de la patente de rodados. Pero esa medida tiene poca significación frente al tema de fondo: el control del tránsito«.
En el Congreso de Intendentes, el consejero Pedro Apezteguía (Frente Amplio) informó sobre un problema específico. Durante 2023 se constataron 38 mil infracciones por no poseer licencia de conducir. Apezteguía destacó que «la gran mayoría» de estas infracciones fueron cometidas por motociclistas.
Apezteguía expresó su preocupación por la situación: «Tenemos una situación de miles de personas manejando sin la licencia, que las detectamos, las encontramos y luego no pagan la patente ni la multa«. Subrayó la dificultad para hacer cumplir las sanciones.
Marcelo Metediera, presidente de la Unasev, coincidió con la evaluación de Apezteguía. En una carta al Congreso de Intendentes, Metediera indicó que la seguridad vial y la seguridad pública «enfrentan dificultades» derivadas de la imposibilidad de identificar adecuadamente vehículos y conductores. Señaló como causa principal la ausencia o incorrecta colocación de la placa matrícula.
Según Metediera, esta problemática responde a dos factores principales: el retiro o ubicación incorrecta de la matrícula, o la falta de regulación administrativa. Advirtió que esta situación dificulta la fiscalización efectiva.
Ante este escenario, Metediera consideró «imprescindible» adoptar medidas de impacto para modificar las conductas actuales. El objetivo es reducir el margen de incumplimiento, facilitar la fiscalización y mejorar los resultados de control y seguridad
En su carta, Metediera solicitó al Congreso de Intendentes evaluar varias acciones. Primero, informar a la población sobre operativos de fiscalización preventiva. Segundo, realizar procedimientos para controlar «picadas», escapes libres o modificados de motos, y falta de matrículas originales, entre otras infracciones. Tercero, habilitar un período excepcional de regularización de vehículos, sin costos administrativos, para fomentar la actualización de trámites.
Adicionalmente, Metediera propuso a los intendentes permitir, durante la regularización, gestionar duplicados del Documento de Identificación Vehicular (DIV) y reposición de matrículas demostrando la posesión del vehículo. También instó a que las intendencias reglamenten el empadronamiento de motos de forma obligatoriamente online, rechazando empadronamientos no realizados exclusivamente por esa vía.
Metediera anunció que, finalizado el período de regulación, el Ministerio del Interior y los gobiernos departamentales incrementarán la fiscalización sobre los puntos mencionados. Concluyó enfatizando la necesidad de acciones coordinadas: «Creemos que si no se toman todas las medidas en conjunto no será posible encaminar la actual situación» de las propiedades de los vehículos.
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