Aunque todavía no había sido puesta en vigencia, ARCA había comunicado a Prefectura y a otros organismos que había dispuesto la suspensión por 30 días de las operaciones de transbordo en el Kilómetro 171 de la vía navegable del Paraguay-Paraná bajo el argumento de que carecían de habilitación portuaria según la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093.
Los paraguayos entonces empezaron a mover sus fichas contra lo que llamaron medida “unilateral y arbitraria” y aseguraron que ponía en jaque el normal abastecimiento de combustible en todo el país.
Los principales centros empresariales, como la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) recurrió al gobierno de Peña con el planteo reclamando intervención para detener la suspensión argentina. El trasbordo de combustible en el km 71 está vigente desde principios de los ochenta.
Los paraguayos argumentaban que esa zona viene siendo utilizada de forma ininterrumpida para operaciones de trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo la aprobación (Ordenanza Marítima N° 4/81) y supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el control aduanero correspondiente y que su funcionamiento ha sido clave para garantizar un flujo eficiente, seguro y económico de gasoil y otros combustibles hacia Paraguay y la región.
En diálogo con Clarín, el presidente del Centro de Armadores de Paraguay, Bernd Gunther dijo que la decisión argentina había sido tomada sin consulta previa y que “amenazaba» con “generar un desabastecimiento estructural de combustibles” en su país. Dijo que desde el punto de vista logístico, “el traslado forzoso de las operaciones a las terminales implicaría un aumento de más de ocho días en los tiempos de reposición, un sobrecosto de hasta el 70% en la logística fluvial, y mayores riesgos operativos y ambientales”.
Milei y Peña, los únicos aliados de la región, resolvieron a medias disputas que surgieron con el gobierno de Alberto Fernández por el peaje en dólares que en la Hidrovía comenzó a cobrar Argentina.
