MinjusticiaCo Eduardo Montealegre
En un gesto que combina apertura y determinación, el Ministerio de Justicia de Colombia afina los instrumentos legales para despejar el camino hacia la anhelada Paz Total, sin perder de vista la obligación de hacer justicia. Eduardo Montealegre, a la cabeza de una cartera reforzada con nuevos rostros y renovado ímpetu, anunció que el próximo 20 de julio presentará al Congreso el estatuto que pondrá en marcha la política de Paz Total, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Este no es un pacto de perdón ciego -advirtió Montealegre-. Habrá justicia, verdad y reparación. Ningún grupo armado, criminal o insurgente, podrá esperar impunidad”. Citando al expresidente Virgilio Barco, resumió su enfoque en una frase que resuena en medio de las tensiones políticas: mano tendida, pulso firme.
El anuncio se dio durante la posesión de los nuevos viceministros Olga Claros, responsable de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y Yefferson Dueñas, a cargo de la Promoción de la Justicia. Junto a ellos, Juan David Villalba asumió la Dirección de Justicia Transicional y Fabiola Castro liderará Asuntos Internacionales. Son, todos, piezas clave de un equipo que deberá traducir la voluntad política en resultados tangibles.
Montealegre encabezó además una reunión estratégica con los negociadores de paz del Ejecutivo y la comisionada encargada de la Oficina del Alto Comisionado, María Paz Lara. Allí reiteró que la ruta trazada busca desactivar la violencia de dos frentes: el sometimiento de estructuras criminales organizadas y la desmovilización negociada de grupos insurgentes, bajo condiciones estrictas de rendición de cuentas.
Pero la reforma no se agota en la política de paz. El ministro subrayó que su agenda incluye una transformación profunda del sistema judicial, tejida desde la base y no impuesta desde el poder central. “No se trata de una reforma de escritorio. Se construirá junto a sindicatos, jueces, fiscales y asociaciones de funcionarios. El país necesita una justicia que responda, no una que se atrinchere”, insistió.
El plan contempla reforzar áreas tradicionalmente rezagadas como la justicia civil, de familia y comercial, así como sanear la justicia arbitral, golpeada por denuncias de corrupción que la cartera promete erradicar sin contemplaciones.
Montealegre también puso sobre la mesa el delicado asunto de las extradiciones: los capos que muestren voluntad real de someterse a la justicia colombiana podrán suspender temporalmente su envío a cortes extranjeras. Sin embargo, advirtió que la cooperación internacional seguirá siendo prioritaria y que Colombia no blindará a quienes burlen los acuerdos.
Con un discurso que busca tender puentes sin claudicar, el ministro recordó que este proyecto no pertenece a ningún partido ni a un gobierno de turno. Es, dijo, un mandato para todos los colombianos: “Es la paz, no un eslogan”.
Así, en medio de la incertidumbre y la esperanza, Colombia ajusta su brújula institucional. Lo que está en juego es más que una ley o una reforma: es la posibilidad de romper el ciclo de violencia sin abdicar de la justicia, en un país que todavía se resiste a renunciar a la guerra como lenguaje político.
Montealegre lo sabe. Y por ahora, la hoja de ruta está trazada: mano tendida, sí. Pero con el pulso firme.
carloscastaned@prnsamercosur.org
