Asamblea deberá pedir disculpas, y colocar una placa con el texto: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”

En siete días, Virgilio Saquicela solo alcanzó a posesionar a los vocales suplentes Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar.

Las funciones Legislativa, Judicial y Electoral tienen puesta su atención en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Desde el 9 de febrero de 2022, este organismo es el epicentro de la crisis política  cuando Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira desconocieron a Sofía Almeida y David Rosero como titulares de la institución.

Los cuatro vocales motivaron su decisión en dos aspectos: la supuesta falta de convocatoria a una sesión declarada permanente desde hace trece días,  y presuntas irregularidades en los procesos de selección de funcionarios del Estado

Desde entonces, los enfrentamientos entre las autoridades no cesan. En innumerables ocasiones han acudido a la justicia para interponer medidas cautelares y acciones de protección.

Hernán Ulloa, actual presidente del organismo; María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, y  Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, pugnan por defender sus espacios y continuar en sus cargos.

En el otro andarivel,  la Asamblea busca  que se deje en firme la destitución de estos vocales del Cpccs ocurrida en el Parlamento el 18 de noviembre de 2022 por presunto incumplimiento y arrogación de funciones.

Contienda política

La manipulación institucional no queda solo en pedir los pronunciamientos de autoridades judiciales.

La contienda también se ha trasladado a la cancha del Consejo Nacional Electoral (CNE) que organiza las elecciones seccionales, la designación de nuevos vocales del Cpccs y la consulta popular de iniciativa del Ejecutivo para el 5 de febrero de 2023.

Mario Altamirano, docente de comunicación política, opinó que no es “saludable” para el sistema democrático que otras funciones del Estado “distraigan” al electoral con pugnas políticas mientras el CNE está concentrado en organizar al menos tres procesos. “En esta coyuntura no conviene que se salpique al Consejo Electoral con discrepancias político-judiciales”, señaló, tras aclarar que esto debe ser ventilado en los espacios que correspondan.

Posesión resultó fallida

En un nuevo intento por designar a dos nuevos vocales, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, se vio obligado a detenerse en su planteamiento.

El presidente del Legislativo tenía previsto posesionar en el Pleno de este 7 de diciembre  de 2022 a otros dos vocales suplentes (Aland Molestina y Graciela Mora),  pero horas antes canceló la sesión después de que el juez de la unidad multicompetente de  La Concordia  (Santo Domingo de Los Tsáchilas),  Ángel Lindao Vera,  aceptó una nueva acción de protección a favor de Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo, quienes ganaron una nueva ofensiva legal en su aspiración de continuar al frente de este organismo del Estado.

Lindao Vera dispuso a la Asamblea Nacional presentar disculpas públicas a los vocales en el plazo de cinco días. También deberá colocar  una placa conmemorativa  y un banner con el texto: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”. Así quedó en firme la nulidad de la resolución de la Asamblea que los censuró y destituyó.

Argumentos de defensa

Diego Chimbo, parte de la defensa técnica de los vocales, dijo que la estrategia argumentativa se basó en que el control político realizado por la Asamblea debe enmarcarse en el respeto a la Constitución y que el derecho a la defensa requiere garantías básicas del debido proceso, como base de la seguridad jurídica. Detalló que los asambleístas votaron la moción de censura sin que exista un informe de la Comisión de Fiscalización.

La Asamblea calificó de “inmotivada, vulneradora y por demás dudosa la resolución judicial en materia constitucional”, y anticipó que el recurso ya fue  apelado.

“Esta es una espuria e infundada acción de protección incoada por parte de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana, censurados y destituidos”, informó la Asamblea en el chat institucional de periodistas.

Conflicto se trasladó al CNE

Para evitar que los consejeros de mayoría se mantengan en sus puestos y poder  designar a sus reemplazos, la Asamblea pidió al CNE  por dos ocasiones que le remita los nombres de los vocales que más votación alcanzaron en las elecciones generales de marzo de 2019.

El 27 de noviembre, Saquicela solo pudo posesionar  al vocal suplente Olindo Nastacuaz, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) y exasesor del exvocal del correísmo, Edwin Jarrín, en el Cpccs. El 5 de diciembre solo se designó a Gina Aguilar, una de los dos consejeros que fueron convocados al pleno de la Asamblea.

Polémicas desde 2008

El Cpccs ha sido centro de polémicas y objeto de críticas por la facultad que le dio en 2008 la Asamblea Constituyente de Montecristi de designar a 77 autoridades del Estado. A partir de 2010, cuando empezó a operar, el Estado le ha asignado más de $152 millones. De este total, el 96.94% ha sido para gasto en burocracia, el 0.29% para promoción, el 0,00% para la tareas de lucha contra la corrupción, el 1,10% para la designación de autoridades, y el 1,67% para trabajos de consultoría.