La última reducción de los precios de los combustibles disparó el gasto en importación y el contrabando

La gran conquista de Iza, después del paro violento, es que el consumo de diésel alcanza un récord histórico en 2022. Mucho de ese consumo sale ilegalmente a los países vecinos.

Una de las grandes conquistas, luego del paro violento de 18 días en junio de 2022, fue que el precio del diésel bajó de $1,9 a $1,8 por galón.

Esta medida, junto con la exigencia de un subsidio generalizado con excepciones como los sectores exportadores atuneros y camaroneros, fueron vendidas por Leónidas Iza y el movimiento indígena como beneficio directo al bolsillo de los más pobres del país.

Sin embargo, un diésel mucho más barato que el promedio internacional de más de $3,4 por galón, se ha convertido en realidad en un incentivo para mantener el ineficiente sistema de producción y refinación local; y para que buena parte de las crecientes importaciones se desvíen al contrabando.

Así, el consumo de diésel va a pasos agigantados hacia alcanzar un récord histórico de más de 35 millones de barriles hasta finales de 2022. Esto a pesar de que el promedio de los cuatro años previos no superaba los 31 millones.

“La economía sin llegar a los niveles de 2019 y el consumo de diésel en récord. Se nota que a los vecinos les ha ido bien”, puntualizó Fausto Ortiz, exministro de Economía.

Solo hasta septiembre de 2022, las importaciones de diésel ya superaron los 20 millones de barriles, con un alto costo para el país, pero entre un 10% y 15% se fugan para financiar contrabando en lugar de gastarse en las múltiples necesidades que tiene el país.

Es decir, los mayores precios internacionales y la mayor demanda interna, como resultado de la reactivación económica, solo explican una parte de lo que está ocurriendo con el diésel.

Un fenómeno parecido se replica con la gasolina extra, pero sobre todo con el gas.

Sin embargo, ese último caso, como analizó PRENSA MERCOSUR en una nota de agosto de 2021, es un tema tabú que ningún Gobierno toca por el lado de los subsidios, pero tampoco por el lado de aumentar la producción nacional para reducir los costos.

El hueco del subsidio

La pérdida en comercializar combustible importado (comprar caro en el exterior y vender barato en el mercado interno) podría superar los $3,400 millones hasta finalizar 2022.

Sin embargo, de acuerdo con Ortiz, si se le añade el costo de oportunidad de comercializar los refinados localmente, esa suma superará los $5,000 millones.

Jorge Luis Hidalgo, gerente de GreenPower International S.A. y experto petrolero, ha explicado en múltiples oportunidades que existe una “mafia de importadores de combustibles, con complicidad de no más de 15 funcionarios de Petroecuador”, los cuales impiden que mejore el sistema.

El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, reconoció, pocos días después de su posesión el pasado 31 de octubre de 2022, que Petroecuador es una especie de Estado dentro del Estado, por lo que se necesitan cambios estructurales.

Sin embargo, los procesos de licitación para aprovechar el gas asociado en los campos petroleros, impulsar la producción del campo Amistad, o potenciar la refinería de Esmeraldas, se han vuelto a relanzar sin perspectivas claras.

Sin controles desde 2007

Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, puntualizó que uno de los problemas centrales es que en 2001 había un Reglamento de Comercialización que, sin ser perfecto, algo de freno ponía a la discrecionalidad en las importaciones de combustibles.

“En 2007 lo eliminaron y sus resultados están a la vista. Sugiero se retome el tema y se lo adecue a las condiciones actuales y previstas del mercado”, aseveró.

Reyes añadió que ya son más de cuatro décadas que los importadores de combustibles evitan que el procesamiento interno del petróleo, gas asociado y natural crezca.

“Abortaron instalación de refinería y planta petroquímica Atahualpa y las ampliaciones de la de Esmeraldas son de baja eficiencia y costosas”, dijo.

En este contexto, se perpetúa un sistema que no tiene incentivos para mejoras sustanciales; mientras el Gobierno toma medidas como la eliminación del subsidio al sector camaronero que, aunque importante en términos de transparencia y eficiencia en el gasto público, no pone el dedo en la llaga de donde se generan las mayores pérdidas.