El Tribunal Superior de Bogotá también condenó a otras 59 miembros que estuvieron bajo sus órdenes. El antiguo líder de las autodefensas del Magdalena Medio ya cumplió los ocho años de condena que se le impuso dentro del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz.
El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá condenó al exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón Isaza y a 59 miembros de su grupo criminal luego de que aceptaran su participación en múltiples delitos en el marco del conflicto armado colombiano.
“Aunque las penas principales para los procesados oscilan entre los 119 y los 480 meses de prisión, en virtud de la Ley de Justicia y Paz fueron condenados a penas alternativas que van desde los 72 hasta los 96 meses de cárcel”, señaló la Fiscalía General. Es decir, Isaza ya cumplió su pena de ocho años de prisión, tras comprometerse a no volver a delinquir y aportar a la verdad que piden las cientos de víctimas que dejó.
Durante las versiones libres y otras acciones de investigación de la Fiscalía se lograron documentar más de 1900 hechos que dejaron alrededor de 4900 víctimas y que fueron perpetrados por los hombres de Isaza entre 1978 y enero de 2006. Según el ente investigador, los crímenes fueron perpetrados en los municipios de La Unión, Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco, Sonsón, Carmen de Viboral, Cocorna, Argelia, Puerto Nare, La Ceja, Santuario y Nariño (Antioquia); así como en Samaná, Victoria, Marquetalia, La Dorada, Manzanares, Pensilvania y Norcasia (Caldas).
Su actuar también se extendió a las poblaciones de Apulo, Beltrán, Bituima, Cachipay, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Siquima, La Mesa, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, Puli, Quipile, San Juan de Rioseco y Viani (Cundinamarca); al igual que en Armero Guayabal, Ambalema, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Venadillo y Villahermosa (Tolima). Algunos de los casos también se registraron en Simacota (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá).
“Entre los delitos por los que responden, de manera general los 60 condenados, están: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares; utilización ilegal uniformes e insignias similares a los de uso privativo de las Fuerzas Militares; entrenamiento para actividades ilícitas; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; y exacciones o contribuciones arbitrarias”, informó la Fiscalía General.
El Tribunal Superior de Bogotá puntualmente le atribuyó a Isaza 1.115 homicidios en persona protegida, 60 tentativas de homicidios en persona protegida, 33 homicidios agravados, 282 desapariciones forzadas, 516 desplazamientos forzados de población civil, 160 exacciones o contribuciones arbitrarias, 65 torturas en persona protegida, 15 accesos carnales violentos en persona protegida, 168 secuestros simples, 17 secuestros extorsivos y 46 reclutamientos ilícitos, entre otras graves violaciones de los derechos humanos.
Esta es la tercera sentencia en contra de Isaza dentro del sistema de justicia transicional de Justicia y Paz. Entre los sentenciados está un hijo del jefe paramilitar, Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, quien es señalado de perpetrar varios de los crímenes ordenados por su padre.
“La Sala del Tribunal Superior de Bogotá reconoció la existencia de los patrones de violencia basada en género, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio y fuentes de financiación”, informó el ente investigador
Entre los miles de crímenes que aceptó Isaza, algunos de los que más impactaron por su crueldad fueron los que cometió en ‘La Isla’ ubicada en medio del río Magdalena, entre los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Triunfo (Antioquia), la cual fue usada como prisión paramilitar así como para vigilar y castigar, reclutar a menores, ejercer torturas y someter a las víctimas a trabajos forzados. Isaza también fue el perpetrador de la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989, cuando una comisión judicial investigaba hechos criminales que se venían presentado en la región de Simacota (Santander).
“Se pudo determinar uno de los acontecimientos de desplazamiento masivo en la zona de la autopista Medellín-Bogotá, en dos momentos: el primero ocurrido en marzo de 2000 y el segundo, en diciembre del mismo año.
Miembros del frente ‘José Luis Zuluaga’ de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron a los habitantes de varias veredas y corregimientos de los municipios de San Luis, Cocorná y San Francisco (Antioquia) a desalojar sus viviendas y empresas”, señaló la Fiscalía que este fue uno de los hechos endilgados a Isaza.-msn
Foto:El Universal
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