El documento acusa a los relacionados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas.
El Gobierno argentino presentó este miércoles una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche contra jueces, fiscales, empresarios y exfuncionarios por presunta corrupción y vinculación al vuelo privado para una estancia en la residencia del magnate británico Joe Lewis.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, fue por instrucción del presidente argentino, Alberto Fernández.
En este sentido, la denuncia compete a jueces federales; al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; así como otros implicados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal”.
De acuerdo con el comunicado, los hechos a investigar tuvieron lugar el pasado 13 de octubre, “cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”.
A partir de ello, se afirma que de corroborarse que el traslado, alojamiento y otras actividades de los relacionados “no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos”.
En consonancia, el texto apunta que la recepción de dádivas no es sólo “afectación repudiable” desde la independencia judicial y la ética, sino que constituye “un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
A su vez, el documento señala que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse”.
De igual forma, la denuncia destaca que la falta de reacción del Consejo de la Magistratura ante sucesos similares que han sido denunciados, “lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.
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