Rivera, Uruguay — En una nueva señal de la creciente tensión que atraviesa el sistema sanitario uruguayo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) denunció este martes un episodio de violencia en el Hospital Departamental de Rivera. El incidente incluyó rotura de vidrios y agresiones físicas por parte de un usuario del centro, un hecho que ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad del personal médico frente a actos agresivos dentro de los espacios de atención sanitaria.
Según el comunicado gremial, «se vivieron episodios de violencia, rotura de vidrios y golpes de puño por parte de un usuario», un reflejo de una tendencia que la FFSP —junto a la Comisión Interna de Rivera— describe como “cada vez más frecuentes y reiterados en todo el país”.
En respuesta, la organización solicitó la intervención urgente de autoridades regionales, nacionales y judiciales: ASSE, Ministerio del Interior, Fiscalía y gobiernos departamentales para establecer medidas preventivas, protocolos de seguridad y sanciones ejemplares.
El gremio subrayó, además, que “todo el equipo de salud […] trabaja con la máxima dedicación” y que no corresponde que el personal “se exponga a estos episodios” durante su labor cotidiana.
Esta declaración remite a un panorama preocupante: profesionales que acuden diariamente a sus lugares de trabajo con el riesgo añadido de ser víctimas de violencia.
Contexto y análisis
Escalada de incidentes violentos en centros de salud
Este nuevo episodio no es aislado. Desde inicios de año, el sistema público viene registrando episodios similares: agresiones verbales, físicas y daños materiales en varios hospitales. La denuncia en Rivera retoma la problemática señalada el 5 de junio en el Hospital de Clínicas de Montevideo, donde un paciente falleció tras un altercado violento, motivando la creación de la COMSEPAE, una comisión interinstitucional para la seguridad en emergencias.
Demandas gremiales: prevención y protocolos claros
El reclamo de la FFSP —respaldado por entidades como la Comisión Interna del hospital— exige acciones concretas: presencia policial permanente en turnos críticos, capacitaciones para el equipo de salud, y protocolos definidos para el manejo de agresiones. Estas demandas coinciden con las reflexionadas en la reunión del SMU y el Ministerio del Interior, donde se evaluó el uso de medios menos letales y la capacitación conjunta en situaciones de descompensación psiquiátrica.
El episodio violento en Rivera no es un hecho aislado, sino una manifestación más de un problema estructural en los centros de salud públicos de Uruguay. El personal médico —ya sometido a tensión laboral y saturación de la demanda— hoy enfrenta, además, amenazas físicas y agresiones materiales. Las autoridades están ante una oportunidad crucial: implementar una estrategia nacional efectiva que combine prevención, seguridad y respaldo legal. Si no se actúa de fondo, la violencia podría erosionar la calidad del sistema sanitario y dejar puertas abiertas a un deterioro institucional irreversible.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
