Este es un artículo de opinión de Joseph Chamie, demógrafo, consultor independiente y exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas.
PORTLAND, Estados Unidos – La inmigración ilegal se ha convertido en una crisis creciente para un número cada vez mayor de países en todo el mundo y los gobiernos parecen no saber cómo lidiar con esta crisis.
Los países de destino de los migrantes se enfrentan a cifras récord de cruces fronterizos ilegales y llegadas no autorizadas a sus costas, miles con visados vencidos y millones de hombres, mujeres y niños que residen ilegalmente en sus países.
En muchos de esos países, la migración ilegal se considera una amenaza a la soberanía nacional. y que socava la integridad cultural. La migración ilegal también está creando pérdidas financieras en los fondos públicos.
Algunos funcionarios, así como gran parte de la comunidad en esos países, han descrito la continua inmigración ilegal a sus fronteras y costas como una “invasión”, una “situación de batalla” y una “amenaza a la seguridad”. Y algunos han pedido a sus gobiernos que «los envíen de regreso».
Además, la inmigración ilegal también está socavando el estado de derecho, amenazando la cooperación regional, desafiando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, erosionando el apoyo público a la migración legal, alterando el equilibrio político y aumentando el nativismo y la xenofobia.
Asimismo, las preocupaciones de la comunidad sobre la inmigración se reflejan en la creciente influencia de los partidos políticos de extrema derecha en países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Suecia y Estados Unidos.
Las redes multinacionales de tráfico de migrantes también están contribuyendo a la creciente crisis de inmigración ilegal y generando ganancias sustanciales para las organizaciones criminales. Esas redes explotan a los migrantes que buscan salir de sus países, ofreciendo diversos servicios, incluidos transporte, alojamiento e información esencial.
Los programas y planes gubernamentales para contrarrestar las redes de tráfico de migrantes han tenido un éxito limitado. Además, los intentos internacionales para abordar la inmigración ilegal, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, no han disminuido la inmigración ilegal ni las actividades de las redes de contrabando.
Un factor importante detrás del aumento de la inmigración ilegal es la oferta grande y creciente de hombres, mujeres y niños en los países de origen que quieren emigrar a otro país y por cualquier medio posible, incluida la inmigración ilegal. El número de personas en el mundo que desean emigrar a otro país se estima en casi 1200 millones.
Los más de mil millones de personas que desean migrar representan alrededor del 15 % de la población mundial. Ese número de personas que desean migrar también es más de cuatro veces mayor que el número total estimado de inmigrantes en todo el mundo en 2020, que fue de 281 millones (Gráfico 1).
El país con el mayor número de inmigrantes es Estados Unidos con casi 48 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2022, o aproximadamente el 14 % de su población. Se estima que alrededor de una cuarta parte de esos inmigrantes, o aproximadamente 11,4 millones, son inmigrantes ilegales.
Mientras que una estimación del número total de inmigrantes en el mundo está fácilmente disponible, la cantidad de inmigrantes ilegales es un asunto muy diferente con pocas estimaciones confiables disponibles a escala global.
Hace casi dos décadas se estimó que quizás el 20 % de los inmigrantes eran inmigrantes no autorizados. Si se aplica esa proporción al número total actual de inmigrantes de 281 millones, se obtiene una estimación de unos 56 millones de inmigrantes no autorizados. Si se aplica la proporción estadounidense de inmigrantes ilegales a la población inmigrante global total, el número estimado resultante de inmigrantes ilegales en el mundo es de aproximadamente 70 millones.
Los derechos humanos ampliamente reconocidos con respecto a la migración internacional son relativamente sencillos. Los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen respectivamente: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, y “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Sin embargo, es importante señalar que no todas las personas tienen derecho a ingresar o permanecer en otro país. La entrada ilegal a un país y permanecer más allá de una visita temporal claramente no son derechos humanos reconocidos. Además, para que se le conceda asilo, una persona debe cumplir con la definición internacionalmente reconocida de refugiado.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, un refugiado es una persona que no puede o no quiere regresar a su país de origen debido a una persecución pasada o a un temor fundado de ser perseguida en el futuro “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”.
Las condiciones de vida difíciles, como el desempleo, la pobreza, la vivienda inadecuada, la falta de atención médica, las discordias maritales y la agitación política, no califican a una persona para el estatus de refugiado reconocido internacionalmente ni para una solicitud legítima de asilo.
Sin embargo, en ausencia de un derecho a emigrar a otro país, las personas que desean hacerlo recurren cada vez más a la inmigración ilegal. Y al llegar al país de destino, muchos reclaman el derecho a solicitar asilo.
Una vez dentro del país, la determinación legal de una solicitud de asilo a menudo lleva años, lo que permite a los solicitantes tiempo para establecer hogares, encontrar empleo e integrarse en comunidades de acogida, como las ciudades santuario.
Además, muchos de los migrantes no autorizados creen, basándose en las experiencias de millones antes que ellos, que las autoridades gubernamentales no los repatriarán incluso si se rechaza su solicitud de asilo, lo que suele ser el caso.
La creciente crisis de inmigración ilegal se complica por los 103 millones de personas que se estima que han sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo a mediados de 2022. Ese número es un récord para los desplazados por la fuerza y se espera que aumente en los próximos años.
Aproximadamente 50 % de los desplazados por la fuerza eran desplazados internos y 5 % eran personas que necesitaban protección internacional. Además, el número de refugiados ha alcanzado un récord de casi 33 millones en todo el mundo y la estimación de solicitantes de asilo se acerca a los 5 millones (Gráfico 2).
El número mundial de personas desplazadas por la fuerza, personas internamente desplazadas y refugiados ha aumentado sustancialmente desde principios del siglo XXI. Por ejemplo, durante las últimas dos décadas, el número de personas desplazadas aumentó de 38 millones a casi 86 millones (Gráfico 3).
Muchas de esas personas han sido desplazadas por sucesos relacionados con el clima. Acnur estima que un promedio anual de casi 22 millones de personas ha sido desplazado a la fuerza por eventos relacionados con el clima, como incendios forestales, inundaciones y temperaturas extremas.
Además, se espera que el número de personas desplazadas aumente sustancialmente en las próximas décadas. Algunos estiman que para mediados de siglo, más de mil millones de personas, en su mayoría de países menos desarrollados, podrían verse desplazadas debido a cambios climáticos y ambientales y disturbios civiles.
Para la tercera década del siglo XXI, las siguientes tendencias principales que contribuyen a la creciente crisis mundial de migración ilegal se han vuelto muy claras:
- Fuerzas poderosas en todo el mundo alimentan la inmigración ilegal, incluida la demografía, la pobreza, las redes de contrabando, los disturbios civiles y cada vez más el cambio climático, que está creando “refugiados climáticos”.
- Esas potentes fuerzas están provocando que un gran número cada vez mayor de hombres, mujeres e incluso niños no acompañados lleguen a las fronteras y desembarquen en las costas de los países de destino sin autorización.
- Los migrantes no autorizados, así como los que permanecen con visados vencidos, buscan establecerse en esos países de destino por cualquier medio disponible y no están preparados para regresar a sus países de origen.
- No es probable que la mayoría de los grandes y crecientes números de migrantes no autorizados que ahora residen ilegalmente dentro de los países sean repatriados.
Finalmente, también está claro que ni los gobiernos ni las agencias internacionales han sido capaces de elaborar políticas y programas efectivos para abordar la creciente crisis mundial de inmigración ilegal.
Joseph Chamie es un demógrafo consultor independiente, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Nacimientos, fallecimientos, migraciones y otros asuntos importantes sobre población”.
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