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En una decisión de alto impacto jurídico y político, el Tribunal Superior de Bogotá reactivó uno de los procesos penales más sensibles de la última década en la capital colombiana. La Sala Penal del alto tribunal revocó la nulidad que había detenido el juicio contra Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y ordenó que el caso continúe en el Juzgado 61 de Conocimiento, donde la Fiscalía podrá avanzar formalmente en la acusación por presuntas irregularidades en la implementación del modelo de aseo «Basura Cero», impulsado en 2012 durante la alcaldía de Gustavo Petro.
El fallo judicial se produce en un momento de máxima atención institucional, justo cuando Bogotá se alista para adjudicar el nuevo contrato de aseo que regirá hasta 2033, una operación que, en su versión anterior, superó los 4,8 billones de pesos y que ahora despierta el interés de gigantes del sector ambiental como Veolia, Suez, FCC, Resiter y Urbaser. El nuevo esquema prevé, entre otros cambios, la inclusión de rutas específicas para residuos orgánicos, el desarrollo de una planta de biogás y acciones concretas para mitigar el colapso del relleno sanitario Doña Juana.
En el centro del proceso penal se encuentra la polémica adquisición, hace más de una década, de 278 camiones recolectores de basura usados, que según la Fiscalía, presentaban deficiencias técnicas y habrían generado un detrimento patrimonial estimado en 116 mil millones de pesos. Junto a Bravo, también deberán responder ante la justicia Jaime Humberto Mesa Buitrago y Ricardo Agudelo Sedano, exdirectivos de la filial Aguas de Bogotá.
El modelo, que aspiraba a revolucionar la gestión de residuos sólidos en la ciudad bajo un enfoque público y ambientalmente sostenible, fracasó en su ejecución y provocó una crisis de acumulación de basuras en varios sectores. Tras más de una década, su reapertura judicial ocurre en medio de un clima de expectativa política y empresarial, cuando la licitación para definir el futuro del servicio entra en su fase preparatoria a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Detrás de los operadores y cifras, emergen también nombres que vinculan el pasado con el presente. Uno de ellos es Darío Arturo Beltrán Ortiz, empresario relacionado con la empresa Gestión Integral del Medio Ambiente (GIMA), que participó en la provisión de equipos durante la fallida transición de 2012. Beltrán ha figurado como representante en Colombia de compañías extranjeras como Industrial Waste Services (IWS), firma investigada en los Estados Unidos en los años ochenta, y ha estado vinculado a contratos públicos en Colombia, México y otros países.
Según documentos corporativos, ha compartido actividad empresarial con el abogado Eduardo Rafael Noriega de la Hoz, exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá y actual figura cercana al gobierno nacional. Datos oficiales extraídos de los portales SECOP I y II indican que empresas relacionadas con Beltrán han suscrito contratos con entidades del Estado colombiano por más de 600 millones de pesos, incluyendo convenios con Corpoamazonía, Migración Colombia y el Fondo Colombia en Paz.
Si bien no existen condenas firmes en su contra por el caso de “Basura Cero”, el empresario enfrenta actualmente procesos civiles y comerciales en etapa ejecutiva por obligaciones financieras. Su nombre continúa generando controversia en los círculos de contratación pública.
La reapertura del juicio y la proximidad del nuevo contrato de aseo colocan al servicio de limpieza urbana nuevamente en el centro del debate público en Bogotá. Más allá de los estrados judiciales y los pliegos de condiciones, se trata de una discusión de fondo sobre la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia en la gestión de un servicio vital para millones de ciudadanos. Las decisiones que se adopten en los próximos meses no solo tendrán implicaciones legales y contractuales, sino que definirán el modelo de ciudad que Bogotá quiere proyectar al mundo en los años por venir.
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