Abogados sostienen que la Ley de Integridad Pública podría ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad, porque no tendría unidad de materia, al abordar temas económicos y penales.
El proyecto de Ley de Integridad Pública, en caso de ser aprobado, modificaría el Código de la Niñez para que los adolescentes sean recluidos por la misma cantidad de años que los adultos si cometen delitos graves.
La propuesta prevé que si inciden en conductas sancionadas con más de 10 años de cárcel serán juzgados y se impondrá una medida de internamiento institucional con la misma duración de las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
¿Cómo se aplicaría esto? ¿En qué centro de detención debería cumplir la pena un menor de edad sentenciado como adulto? Andrés Castillo, el legislador que impulsa estos cambios, ha dicho que funcionaría así:
«Que cumpla su pena en un sitio de detención para adolescentes. En cuanto ya cumpla la mayoría de edad, que sea trasladado a un sitio de detención para adultos», dijo.
Pero en realidad, esa parte específica no consta en el proyecto de ley. «No se sabe qué va a pasar, por más que lo diga el ponente ¿Van a pasar un nuevo centro? ¿Se van a mantener en el mismo, interpretando que van a haber penas de hasta 25 años para un adolescente que tiene 16?«, cuestiona el constitucionalista Gonzalo Muñoz.
Y lo que tampoco está será quién juzgaría a los menores, porque si las penas sería como las de los adultos, pero los fiscales que acusan o los jueces que sentencian, ¿seguirán siendo los de los menores?
«Establece el COIP en el artículo 262 que es competencia jueces de adolescentes infractores. En ese sentido, la normativa actual no genera cambios respecto a quienes juzgarán a los menores», dice Jeremías Valenzuela, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG).
Pero la preocupación de los consitucionalistas no es, necesariamente cómo se va a implementar la ley, sino si va a poder implementarse siquiera, ya que no cumpliría con el requisito de unidad de materia, razón por lo cual se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad.
«¿Qué implica la unidad de materia? Que todos los cuerpos legales o materias que se traten en un proyecto de ley, sea de urgencia económica o no, tienen que tener cierta conexidad lógica. ¿Cuál es el objeto de la ley? Mejorar la eficiencia del Estado en las compras públicas. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el tema de menores e infractores con mejorar la eficiencia del Estado en compras públicas? No tiene absolutamente nada. Es un ‘camarón en un locro'», expresa Muñoz.
El Proyecto de Ley ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional.
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